Martes, 19.03.2019 - 09:58 h
A la Fiscalía General del Estado

Cifuentes denuncia a Esperanza Aguirre por su gestión del Campus de la Justicia

Responde a un dictamen de la Abogacía encargado por la Comunidad sobre el proyecto para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales. 

El Instituto de Medicina Legal, el único edificio construido en el complejo del Campus de la Justicia.
Complejo del Campus de la Justicia. / EFE

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia con posibles "irregularidades" en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia en época de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno regional, según han confirmado fuentes del Ejecutivo madrileño.

Este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad.

Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".

Ha sido el propio Garrido, quien ha explicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, que después de la evaluación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que recogía que podían existir "ilícitos penales", han dado el paso de trasladarlo a la Fiscalía.

"La posibilidad de que la Comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas publicas siempre estaría presente, una vez que la Fiscalía determine qué es lo que corresponde hacer", ha subrayado.

La Comunidad niega "intereses partidistas"

Al ser preguntado por qué no se sumó el Gobierno autonómico a la oposición, que ha llevado ya hasta en dos ocasiones la cuestión a la Fiscalía, Garrido ha manifestado que las denuncias que ellos plantean deben estar avaladas por la Abogacía.

En este sentido, ha defendido, sobre el hecho de que esta remisión coincida con la polémica del máster de la presidenta, que desde el Ejecutivo no actúan "con intereses partidistas" sino que elevan las cosas cuando tienen que hacerlo.

"Podría haber sido ayer, hoy, hubiéramos hecho exactamente igual", ha dicho. Para el portavoz regional, "la legalidad no entiende ni de colores, ni de departamentos, sino de dejar actuar a los tribunales".

Ahora, debe ser ésta la que decida si hay indicios de criminalidad y, en su caso, si lo remite al juzgado. Garrido ha asegurado que en ese momento desde el Gobierno regional se valorará personarse como acusación particular, como han hecho en el 'caso Púnica'.

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