Colombia dice que no se podía permitir injerencia de CIDH en caso de Petro

Bogotá, 19 mar.- La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo hoy que el Gobierno no podía permitir la injerencia de un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando la justicia del país está operando, al referirse a la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La CIDH dispuso el martes medidas cautelares para impedir la destitución e inhabilitación por 15 años de Petro, pero el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este miércoles que su Gobierno no las acoge porque el funcionario tuvo todas las oportunidades para defenderse en la justicia nacional.

Según la canciller, "la injerencia de un órgano internacional, cuando la justicia colombiana está operando, no la podemos permitir".

Holguín dio declaraciones a la prensa después de que Santos dijera en la alocución al país en la que comunicó la destitución de Petro que "la Cancillería colombiana le dará respuesta detallada y oportuna a la Comisión", organismo autónomo de la OEA con sede en Washington.

La canciller manifestó que en el caso del alcalde se enviaron varias respuestas a las peticiones de la CIDH, a la que Petro recurrió para impedir que se hiciera efectiva la decisión de la Procuraduría (Ministerio Público) del pasado 9 de diciembre de destituirlo.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, consideró que Petro cometió "fallas gravísimas" al transferir en diciembre de 2012 el sistema de recolección de basuras de la capital de manos privadas a públicas, lo que ocasionó una crisis sanitaria de tres días en la ciudad.

Según la Constitución colombiana, la Procuraduría General ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.

"En el último mes y medio hemos dado cinco respuestas de cómo ha operado la justicia en 300 tutelas (recursos de amparo) que se interpusieron, y donde hemos visto que la justicia ha sido eficiente y ha respondido diligentemente", señaló la canciller.

Holguín precisó que las medidas cautelares "no son un mandato ni son obligatorias", y por esa misma razón es que la CIDH solicita al país, "no le dice, (no) le obliga, ni le requiere, lo que dice exactamente es que le solicita al país unas medidas cautelares".

La jefa de la diplomacia colombiana agregó: "Aquí la palabra acatamiento no existe porque las medidas cautelares no son vinculantes ni obligatorias para el Estado colombiano".

Dijo también que el Gobierno toma la decisión de no aceptar estas medidas porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "es subsidiaria de la justicia colombiana".

"Luego no podemos permitir que un tribunal internacional que es subsidiario y es complementario al procedimiento jurídico interno venga a tomar decisiones y a solicitar que tomemos decisiones cuando la justicia colombiana está funcionando y ha funcionado bien", enfatizó.

Holguín reconoció que se han aceptado otras solicitudes de medidas cautelares cuando está de por medio la vida y la integridad del afectado, lo que no ocurre en este caso.

"Estamos hablando no de derechos políticos como es el caso que nos ocupa actualmente, sino de derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, esas son las medidas cautelares que el Gobierno colombiano siempre le ha aceptado a las solicitudes de la Comisión", afirmó.

La canciller recordó que hay otros ejemplos de países donde igualmente por decisiones de Estado no se han aceptado peticiones de medidas cautelares de la CIDH, como es el caso de Brasil, México, Estados Unidos, Jamaica y Belice, según dijo.

"Así que no estamos frente a algo anormal, es una solicitud que hace la Comisión, y en este caso por primera vez, por lo que no se trata de derechos fundamentales, Colombia no las acepta", sentenció la ministra de Exteriores.