Panamá, 26 oct.- El Gobierno panameño, presionado por las protestas contra la privatización de la Zona Libre de Colón, anunció hoy la derogación total de la ley que lo permitía, pero aun así continuaron los desórdenes en esa ciudad y en la capital.
Mientras en el Parlamento panameño, de amplia mayoría oficialista, se iniciaba un proceso expedito para derogar la ley este domingo, se registraron saqueos de varios negocios en el centro de la ciudad de Panamá.
La Policía anunció la retención de 202 personas para verificar si participaron en los desórdenes, en los que resultaron heridas dos personas.
En Colón, la ciudad portuaria ubicada a 80 kilómetros de la capital, también se registraron saqueos, en los que 15 personas fueron detenidas, según la Policía, que reportó que tres de sus agentes resultaron heridos, uno de ellos de bala, y tres manifestantes sufrieron "lesiones" cuya naturaleza no precisó.
Las zonas afectadas por los disturbios "ya se encuentran controladas y en ambos lugares se reforzó la presencia policial", indicó la Policía Nacional en un comunicado.
Los desórdenes ocurrieron en medio de una jornada en la que arreciaron las protestas cívicas iniciadas hace 10 días en repudio a la llamada Ley 72, con el bloqueo de avenidas en Colón y Panamá y de algunos tramos de la vía Interamericana en el interior del país.
El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, dijo en una rueda de prensa que los "hechos delictivos" registrados esta jornada "no tienen nada que ver con la voluntad mayoritaria de un pueblo que exigió la nulidad de la ley" con protestas cívicas.
Henríquez resaltó la "voluntad de diálogo mantenida" a lo largo del conflicto por el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra de visita oficial en Vietnam y se comprometió este viernes a derogar la norma "en su totalidad".
"Ley buscaba lo mejor para Colón, pero tuvo poca aceptación. Procederemos a su derogación definitiva. Queremos paz y tranquilidad para todos", escribió el gobernante en su cuenta de Twitter.
Martinelli, quien debe regresar al país el sábado por la noche, había ofrecido el miércoles anular solo el artículo de la ley que permite vender los terrenos de la Zona Libre, que son estatales, algo que fue rechazado por los gremios que promueven las protestas.
Los dirigentes del Frente Amplio colonense reiteraron hoy tras el anuncio de Martinelli que mantendrán las manifestaciones callejeras hasta que éste firme la derogación, lo que se espera ocurra el domingo, aunque llamaron a la gente a mantener una actitud cívica.
Sin embargo, Rogelio Rebello, un dirigente sindical del transporte de carga en Colón, dijo confiar en la "palabra del presidente" e instruyó a los transportistas a retirarse a sus bases.
En el Parlamento, que apeló a la "iniciativa legislativa" para abrir el proceso de derogación, el diputado opositor Miguel Salas acusó al Ejecutivo de haber pretendido "imponer" una ley "inconsulta", y lo responsabilizó de las muertes registradas y los daños causados a la propiedad pública y privada.
Las protestas incluyeron un paro decretado el pasado lunes en Colón, la puerta en el Atlántico del Canal de Panamá, que generó pérdidas de 6 millones de dólares diarios según cálculos de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre.
Tanto el Gobierno como las fuerzas vivas colonenses hablaron este viernes de la necesidad de que, una vez derogada la Ley 72, se entable un diálogo sobre el futuro de Colón, cuya Zona Libre es considerada la más importante del mundo después de Hong Kong.
"La derogación es una cosa, pero la lucha comienza ahora: lo que queremos es que lo que se genere (económicamente) en Colón, no solo en la Zona Libre, se quede en Colón", para que se invierta en su desarrollo, dijo a los periodistas el dirigente del Frente Amplio colonense, Felipe Cabezas.
"Las mismas fuerzas (colonenses) que participaron de este proceso que lamentablemente tuvo visos de violencia se reunirán con nosotros para buscar vías para conversar" sobre el futuro de la región, dijo por su parte el ministro Henríquez.
La Zona Libre de Colón, considerada la más importante del mundo después de Hong Kong, alberga más de 3.000 empresas, genera 30.000 empleos directos y aportes al fisco de 100 millones de dólares anuales, según su Asociación de Usuarios. EFE
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