La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) está preocupada. El día 10 de abril acaba el plazo marcado para que los 2,4 millones de usuarios eléctricos vulnerables renueven su derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz conforme a las nuevas normas aprobadas en octubre del pasado año. Pero el ritmo de renovaciones es muy lento. Según las empresas, apenas 350.000 clientes han iniciado los trámites de renovación. Ante tal panorama, la CNMC se plantea solicitar al Gobierno una moratoria en los plazos para renovar el bono, según han confirmado fuentes del organismo.
La preocupación es evidente también en las organizaciones de consumidores. El Consejo de Consumidores que preside Manuela López Besteiro lo manifestó esta misma semana ante responsables de la CNMC. "La mayoría de la gente no tiene conocimiento de que deben renovar el bono", sostienen en el consejo, que apunta a la gravedad de la situación.
Es una cuestión delicada. El derecho al descuento no se pierde aunque se tramite con retraso, más allá del 10 de abril, pero puede suceder -y es lo que temen empresas y organizaciones de usuarios- que muchos consumidores se encuentren con facturas a partir de abril sin el descuento habitual, lo que afectará a sus precarias economías.
Vigente desde 2009
El bono social eléctrico, vigente desde 2009 y siempre polémico, fue reformado el pasado año. La principal novedad de la reforma afecta a los criterios para aplicar los descuentos-25% y hasta un 40% según los casos-. En lugar del criterio de potencia contratada anterior -3kW-, se tiene en consideración la renta familiar, la percepción de pensión mínima o las situaciones de desempleo en la unidad familiar.
Además, se establecen tres categorías de consumidores vulnerables. Los mayores descuentos se dirigen a los consumidores vulnerables severos y a aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión. Todas las familias numerosas, independientemente de sus rentas, tienen derecho a descuento siempre que estén adheridas al mercado regulado.
Renovarlo es obligatorio. Es una cuestión burocrática, pero importante para consumidores sin recursos o con recursos escasos. El nuevo bono debe ser solicitado tanto por quienes, cumpliendo los requisitos, sean nuevos perceptores, como por los hogares que quieran mantener los descuentos.
Las fechas se han echado encima y las empresas temen que en abril se enfrenten a protestas generalizadas. Algunas de las compañías acusan al Gobierno de "dejación de funciones" por haber trasladado a las eléctricas la obligación de informar sobre los cambios en el bono. La organización de consumidores Facua comparte la crítica: "Es lamentable que el Gobierno no haya lanzado campañas de comunicación potentes dirigidas a los consumidores, como también lo es que las condiciones para acceder al bono social representen un ínfimo nivel de renta", expone su portavoz.
Desinterés del Gobierno
Las críticas atribuyen al Gobierno un gran desinterés por los colectivos más afectados por la carestía de la luz. Para probarlo, explican que en la memoria económica que acompañaba el decreto aprobado en octubre de 2017 el Ministerio de Energía ya había previsto que hasta un 45% de los beneficiarios del bono no lo renovarían por desconocimiento o falta de interés.
La versión oficial, sin embargo, sostiene que todo funciona sin problemas. Y el ritmo lento en las renovaciones se atribuye, en todo caso, a los cambios en las condiciones del bono para colectivos concretos, como las familias numerosas -todas tienen derecho a descuento- que tienen un límite de consumo subvencionado de 3.600 Kwh/año y podrían estar apurando fechas para acogerse a las ventajas.
El bono social ha sido siempre un asunto polémico. El Tribunal Supremo anuló el régimen anterior que obligaba a financiarlo -son 244 millones al año- a los grandes grupos eléctricos. Con la reforma, son todas las comercializadoras de electricidad las que financian los descuentos. Endesa, Iberdrola y Gas Natural asumen en torno al 88% del coste según su cuota de mercado.
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