Condenados a pagar medio millón por un accidente laboral en La Maternitat

Barcelona, 11 may.- Un juez de Barcelona ha condenado a un jefe de mantenimiento de la clínica La Maternitat de Barcelona y a dos responsables de empresas eléctricas a pagar 535.000 euros en indemnizaciones a dos obreros que resultaron heridos graves en un accidente laboral ocurrido en el recinto hospitalario en 2008.

La condena al pago de las indemnizaciones y de una multa de 900 euros fue aceptada por los tres acusados, lo que evitó la celebración de un juicio en el que la Fiscalía pedía dos años y medio de prisión para cada uno de ellos por delitos contra los derechos de los trabajadores y lesiones imprudentes, según el acuerdo, al que ha tenido acceso Efe.

Para evitar las penas de prisión, los acusados -a través de la aseguradora de una de las empresas- han hecho frente al pago de 295.000 euros a uno de los operarios heridos y de otros 240.000 al segundo por las secuelas derivadas del accidente laboral, que les han dejado en una situación de incapacidad permanente parcial.

El accidente laboral ocurrió en noviembre de 2008 en el pabellón Ave María del hospital público La Maternitat de Barcelona, donde debido a múltiples carencias en las medidas de seguridad, ocurrió una deflagración cuando dos operarios realizaban trabajos de mantenimiento en el cuadro eléctrico general.

A consecuencia de la deflagración, los dos operarios, que mientras trabajaban estaban aislados del suelo por un simple cartón y con la corriente eléctrica solo parcialmente desconectada, sufrieron quemaduras de segundo grado en el 35 % y el 15 % de la superficie corporal, lo que les ha provocado limitación de la movilidad y pérdida de fuerza y sensibilidad en varias zonas del cuerpo.

El Departamento de Salud encargó las tareas a la empresa SEICO, donde trabajaba uno de los trabajadores heridos y que, a su vez, subcontrató a la firma AGAD Barcelona S.A. para la realización conjunta de las obras de mantenimiento.

Según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, que han asumido íntegramente los acusados, pese a las diversas visitas y reuniones preparatorias, los empresarios "no realizaron un estudio detallado de las características de la instalación, del propio trabajo y del entorno".

Esa deficiente evaluación comportó que no valoraran la necesidad de que los trabajos que conllevaban un riesgo eléctrico se debían desarrollar sin tensión, cortando la corriente de modo completo y no sólo parcial, ni que se debían tomar medidas para que los trabajadores estuvieran fuera de peligro, según reconocen los procesados.

La Fiscalía añade en su escrito que el jefe de mantenimiento del pabellón Ave María, Juan T., "conocía que la instalación eléctrica del edificio adolecía de múltiples deficiencias", dado que estas habían sido detectadas en inspecciones llevadas a cabo en los años 2002 y 2003 en las que se instó al Departamento de Salud a corregirlas.

Pese a ello, sostiene el escrito del fiscal, el acusado "no estableció la necesidad del corte completo de la corriente eléctrica para la realización de los trabajos sin tensión", ni exigió a los otros dos procesados "un procedimiento de trabajo riguroso que asegurara el aislamiento completo" de las zonas de trabajo.