Madrid, 17 dic.- La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy instar al Gobierno a que en el proceso de elaboración del proyecto de ley de reforma de la demarcación y la planta judicial se tengan en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas de las comunidades autónomas.
Además, que se diseñe una estructura flexible, moderna y especializada en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con las comunidades autónomas y con sus tribunales superiores de justicia correspondientes.
Se trata del contenido de una enmienda del PP a una proposición del grupo mixto presentada por el BNG, que la ha aceptado.
La diputada del BNG Olaia Fernández Dávila había presentado una iniciativa en la que mostraba su preocupación por la reducción de partidos judiciales prevista en un borrador del Ministerio de Justicia que a su juicio obligará a muchos ciudadanos a desplazarse a las capitales de provincia y les impedirá en muchos casos acceder a la justicia.
Fernández Dávila ha mostrado no obstante su disposición a llegar hoy a un acuerdo con el PP, que finalmente se ha concretado, con el objetivo de abrir un diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que se tengan en cuenta las realidades territoriales.
El parlamentario del PP Carlos Enrique Muñoz ha justificado la reforma proyectada en la adaptación de la planta a las necesidades actuales y para evitar sobrecargas de trabajo y ha recordado que la distribución actual de partidos judiciales data del siglo XIX y tenía en cuenta los medios de transporte que había en aquella época.
En cualquier caso ha mostrado la voluntad de que haya un proceso de diálogo para alcanzar un consenso.
Su compañera en el grupo popular ha aclarado que se aprovecharán las infraestructuras ya existentes en cada comunidad autónoma y que "no desaparecerán sedes judiciales ni se alejará la justicia del ciudadano".
Ha asegurado que el Ministerio de Justicia pretende abrir el debate a todos los operadores jurídicos y presentar en breve un anteproyecto en el Consejo de Ministros.
El diputado del PSOE Javier Barrero ha pedido al Gobierno que elimine su borrador ya que "reduce la tutela judicial efectiva a un problema economicista con reducción de partidos judiciales, audiencias provinciales y juzgados de paz, rebajando un servicio público básico".
El portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha dicho que reformas como ésta y leyes como la de tasas convierten al servicio público de la justicia en un mercado al que acceden los que tienen capacidad.
La representante de CiU, Monserrat Surroca, ha estimado que toda reforma debe evitar injerencia en las competencias de las comunidades, garantizar la justicia de proximidad y tener en cuenta la opinión de los operadores jurídicos.
La Comisión ha aprobado también iniciativas del PP para establecer requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales y continuar con la modernización de la oficina judicial.
Sin embargo, ha rechazado una proposición del PSOE de derogar la Ley de Tasas, al año de su entrada en vigor.
El diputado socialista Antonio Camacho ha estimado que esta norma evita el acceso a la justicia en condiciones y ha preguntado al Gobierno por su concepción del Estado de derecho y de bienestar.
La iniciativa socialista ha sido apoyada por Izquierda Plural, CiU y Amaiur, mientras que la representante del PP, Teresa Angulo, ha afirmado que el Gobierno trabaja para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y que incluso ha ampliado los posibles beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.
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