Constitución brasileña cumple 25 años con polémicas reformas pendientes

Manuel Pérez Bella

Río de Janeiro, 4 oct.- La Constitución brasileña de 1988, que sentó las bases del período democrático más largo de la Historia del país, cumple mañana 25 años con un amplio catálogo de reformas en el tintero, algunas de ellas polémicas, que pretenden revisar el sistema político y algunos derechos civiles.

La Carta Magna, la séptima promulgada desde la independencia de Brasil, dio carpetazo a dos décadas de dictadura (1964-1985), concedió derechos políticos y sociales a toda la población y creó un sistema de protección para las minorías étnicas.

"Lo que es más importante, la Constitución trajo estabilidad institucional a Brasil", dijo el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, el pasado miércoles al inaugurar una exposición conmemorativa sobre el 25 aniversario.

El vigor de la Carta Magna ha sido exaltado prácticamente desde todos los estamentos durante esta semana de conmemoraciones.

Pero también han arreciado las voces que demandan reformas para solventar la crisis de legitimidad que emanó de las protestas populares del pasado junio, cuando millones de brasileños se dirigieron al Congreso con el grito "no nos representan".

"Los síntomas de la fragilidad del sistema de representación son claros", afirmó el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en otro acto sobre la Constitución organizado el pasado lunes.

Entonces Lula demandó, entre otras medidas, que se "actualice" la legislación electoral y la de partidos políticos, que se simplifiquen los mecanismos de participación popular y se incremente la transparencia y la fiscalización de las instituciones, todas ellas exigencias que se oyeron en las manifestaciones de junio.

El profesor de Derecho Constitucional José Ribas Vieira, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), explicó a Efe que los problemas del sistema electoral y político "se están agravando" por las peleas internas del Legislativo, que impiden el avance de los proyectos de reforma y por las interferencias del poder judicial.

"La reforma política está siendo hecha por el Judicial a través de sentencias del STF. No es adecuado para el proceso político", afirmó Vieira, quien señaló que uno de los mayores "desafíos" de Brasil será "redefinir" el papel de la Corte Suprema.

En los últimos años el Supremo ha "legislado" sobre asuntos políticos mediante sentencias, en casos como el cese de diputados por el cambio de partido político o por una condena judicial.

Esto ha supuesto para el Supremo, en opinión del experto, "una enorme función de centralización del poder político" que excede sus prerrogativas constitucionales.

Al margen de la reforma política, el Congreso ha admitido a trámite en estos años cerca de 1.700 propuestas de reforma de la Carta Magna, algunas concernientes al recorte de derechos sociales, lo que ha soliviantado a los grupos que temen que pueden ser afectados, entre ellos los indios.

Los indios han protestado toda esta semana en Brasilia y otras ciudades del país por tres proyectos de enmienda constitucional, impulsados por los diputados que representan los intereses de los grandes hacendados, que según ellos pretenden "rasgar" la Carta Magna mermando sus derechos territoriales.

"El constitucionalismo brasileño es un campo de lucha de fuerzas sociales", por lo que "si no hay presión de los indígenas, habrá retrocesos. En Brasil las fuerzas conservadoras son muy activas", afirmó Vieira.

El experto destacó, no obstante, que los movimientos sociales brasileños tienen a su favor la coyuntura regional, con movimientos constitucionalistas que han favorecido la diversidad social en América Latina.

"Hay un aspecto positivo. En países como Bolivia, Ecuador y también en Colombia están pasando por nuevo constitucionalismo latinoamericano que fortalece mucho las garantías de diversidad social y étnica", comentó.