Controladores. Otros seis controladores se niegan a declarar ante el fiscal de madrid

Los seis controladores aéreos que comparecieron hoy ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid por su supuesta responsabilidad en la crisis aérea del pasado fin de semana también se han negado a declarar, a pesar de que sobre ellos pesa una denuncia por un delito de sedición en la navegación aérea.
Los seis trabajadores citados hoy imitaron así la actitud que mantuvieron ayer los primeros 12 controladores que comparecieron ante el Ministerio Público, quienes también se negaron a declarar. Todos ellos alegaron que, al estar militarizados, deberían declarar bajo la jurisdicción militar, un argumento que la Fiscalía rechaza de plano.
Otros ocho controladores han sido citados a declarar para el próximo lunes. Una vez se produzcan estas comparencias, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid estudiará nuevas acciones, según informaron fuentes del Ministerio Público.
La Fiscalía baraja la posibilidad de llamar a declarar al resto de los 175 controladores del aeropuerto de Barajas y de la base aérea de Torrejón de Ardoz que abandonaron sus puestos de trabajo durante la crisis desatada el pasado viernes.
Los 26 controladores citados entre ayer y el próximo lunes se encontraban reunidos el pasado viernes en el Hotel Auditorium de Madrid y fueron identificados por la Policía.
RESPONSABILIDADES PENALES
Estas declaraciones se han producido en el marco de las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado sábado para investigar las posibles responsabilidades penales de los controladores del aeropuerto de Barajas y la base aérea de Torrejón de Ardoz que abandonaron sus puestos sin justificación.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, explicó ayer, jueves, en rueda de prensa que si a lo largo de la investigación encuentran indicios de responsabilidad penal contra los controladores, presentarán la correspondiente denuncia y llevarán el caso ante un juez. Se mostró partidario de que las causas se instruyan en los juzgados de cada territorio y no en la Audiencia Nacional, porque, a su entender, este órgano jurídico no es competente para hacerse cargo del caso.