El presunto cabecilla de la trama de corrupción conocida como Gürtel, Francisco Correa, ingresó en 2005 más de seis millones de euros en tres cuentas en las Islas Caimán, que después fue transfiriendo a diferentes bancos en Colombia, Panamá, Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y Mónaco, según se recoge en el sumario del caso Gürtel hecho público.
En concreto, esta información se desprende de un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en respuesta a una petición de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre los antecedentes existentes sobre Francisco Correa y otras ocho personas y sociedades más.
Sobre el principal imputado, el documento, fechado el 21 de diciembre de 2009 y clasificado como 'reservado', revela que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Isla de Man informó que Correa había constituido en 2005 en las Islas Caimán el 'trust' (fideicomiso) 'Correo Sánchez en las Islas Caimán', en el que Chelmi Limited actuaba como 'trustee' (fideicomisario).
La Unidad de Inteligencia Financiera de Man facilitó concretamente información sobre los movimientos de entrada y salida desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 30 de abril de 2009 de las tres cuentas tituladas por Chelmi Ltd en el trust constituido por Correa.
En los movimientos de abono, figuran un total de diez ingresos, de los que dos se realizan en euros y el resto en dólares. El primero es del 31 de mayo de 2005, por un total de 494.412 dólares (unos 367.000 euros) y el último, el 3 de agosto de 2006, por un millón de euros. El de mayor cuantía es uno realizada el 12 de abril de 2005, con tres millones de euros.
Por lo que se refiere a los cargos, comenzaron el 7 de diciembre de 2005, con un envío de 53.300 dólares (unos 40.000 euros) a Citibank en Bogotá. A partir de ahí se realizan otras 14 transferencias a Credit Suisse, Bancolombia Panama, Bank United de Florida, Credit Foncier Monaco, Banco Davivienda de bogotá, Bank fund Staff Federal de Costa Rica y Citiban Federal Savings Bank. La mayor es una realizada el 30 de julio de 2007 a Monaco, beneficiando a Adama Holding Corporation, con cuatro millones de dólares (unos tres millones de euros).
Financiación del PP de Madrid
Por otra parte, el sumario del caso Gürtel incluye una carpeta bajo el nombre 'PP de Madrid', donde se incluyen las facturas emitidas por la trama por actos del partido entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. En este documento figuran los archivos 'Cambios de facturación 2003-2004.bárcenas.xls' y 'facturación PP Madrid', en el que se detallan las facturas emitidas por la trama por actos del PP madrileño entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004.
Aparecen como clientes el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam (Fundación para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid) y el PP nacional. En el apartado de concepto figura la descripción del acto realizado, como "la campaña autonómicas E. Aguirre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" o "congreso regional PP Madrid".
En el archivo sobre 'Cambios de facturación 2003-2004-bárcenas.xls' hay detalle de facturas con cambio de entidades. Los clientes eran el PP de Madrid, Fundescam y el PP nacional. Además, en esta carpeta aparece en la parte inferior "unos datos relativos a una demanda de la sociedad Special Events contra el PP de Madrid", cuya primera audiencia en el juzgado de 1 instancia número 8 de Madrid se fijo para el 1 de febrero de 2006.
En los archivos encontrados en la investigación, también se ha encontrado una relación de gastos que refleja que las empresas de la red Gürtel, además de costear las habitaciones del diputado madrileño Benjamín Martín Vasco, costeaba los gastos en el hotel, según un archivo de Excell hallado en poder de José Luis Izquierdo, el contable de la supuesta trama empresarial dirigida por Correa. Además, según la relación de gastos, la trama financió hasta la boda y el viaje de novios del diputado.
Financiación del PP en la Comunidad Valenciana
Por otra parte, en el sumario también se recoge el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que cita a cinco empresarios con contratos en la Administración Pública como financiadores de parte de los actos del PPCV. Para ellos se trataba de donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido.
El documento explica que estos empresarios tenían contratos vigentes, prestaban servicios y realizaban obras para las Administraciones Públicas obtenidas "como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos", según se especifica.
Además, recoge que el propio PP en la persona de Ricardo Costa, ex secretario general, actuaba "como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas", una forma de actuar que "da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".
Los empresarios citados en el informe son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras S.A.; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A.; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa; y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF S.L.
Respecto a las empresas en las que participa Enrique Tomás Ortiz, el informe recoge que han resultado adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la Comunitat, principalmente en la zona de Alicante, por un importe total de 202.249.738 euros. En cuanto a las entidades en las que participa Enrique Gimeno, que fundamentalmente consiguieron contratos en la zona de Castellón, el total ascendería a 13.876.087 euros.
Por lo que respecta a Vicente Cotino, el documento recuerda que tiene vínculos familiares con personas con cargos públicos, dentro de la Generalitat, como es el caso de su tío Juan Cotino, vicepresidente tercero de las Corts y en esa fecha conseller de Bienestar Social.
Por otro lado, indica que Vicente Cotino entró en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado al objeto de efectuar la compra de la mercantil Easy Concept S.L., algo en lo que también participaba Pedro García, entonces director de Canal 9, ya que éste había manifestado su interés en colaborar en este proyecto. En total, las empresas del grupo Sedesa recibieron contratos por 539.016.098 euros.
Respecto a Luis Batalla, el documento recoge las empresas que componenel grupo Lubasa contrataron obras por un importe global de 77.337.451euros; mientras que el grupo PIAF, de Antonio Pons, resultóadjudicatario de diversos contratos públicos.
Sistema de "financiación irregular"
El informe concluye que "existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular" de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa y que dicho sistema "tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política".
En concreto, precisa que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunitat Vaenciana", ya que "existe un doble sistema de contabilización de los actos derivado de una facturación dual", una real plasmada en una factura formal --bajo la denominación de Alicante-- y otra "sin factura y por tanto sin que exista un reflejo contable de su emisión --denominada Barcelona--".
Así, "por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura", de modo que "una parte por tanto es fiscalizable porque está reflejada en los libros de contabilidad y otra parte es opaca al integrarse en los fondos ajenos al circuito económico de los que dispone la organización".
En cuanto a la financiación, constata que una parte de los cobros por adelantado que reducen la deuda viva "entra en dinero procedente de los circuitos económicos y reduce por tanto la deuda A --Alicante-- y otra parte son fondos que no están en el sistema económico y por tanto reducen la deuda B --Barcelona--".
Dentro de la deuda A, figuran por un lado las cantidades relativas a actos realizados para la Comunitat derivados de concursos públicos --como las ferias de turismo--, que son liquidadas mediante la entrada de los fondos públicos, y por otro, actos organizados para el PP mediante la emisión de facturas, en las que detecta tanto cambios en la base imponible como en el nombre de los clientes. Así, por ejemplo, sustituye PPCV por Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.
Respecto a la deuda B, destaca que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en cuenta corriente del partido" mientras "dicha empresa tiene contratos vigentes, presta servicios y realiza obras para las Administraciones públicas".
Es más, puntualiza que en alguna de las facturas que sufrieron una transformación del cliente --como una que pasa del PPCV al grupo empresarial PIAF-- "por una parte se engrosa el valor de realización del acto y por otra se cambia al cliente pasando de ser el partido a una empresa privada".
El informe recoge que esa deuda B se reduce mediante facturas emitidas por el PP, de las que se descuenta únicamente la base imponible; con aportaciones directas de empresarios de la Comunitat Valenciana; y con entregas de dinero directas anotadas como procedentes del PPCV sin que tengan contrapartida en facturas emitidas por Orange Market.
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