Redacción Internacional, 19 nov.- El contencioso entre Nicaragua y Colombia, sobre el que La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite hoy su fallo, se prolonga desde 2001, cuando el gobierno nicaragüense solicitó a este tribunal que definiera las fronteras marítimas en el Caribe entre ambos países.
La resolución de la CIJ, que es inapelable, pondrá el punto y aparte de una controversia jurídica de once años pero que diplomática y políticamente se remonta a 1980, cuando Nicaragua desconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas firmado con Colombia en 1928, por considerarlo nulo, pues alega que el país estaba ocupado militarmente por EE.UU.
En ese tratado, los dos países firmaron un acuerdo que establecía el meridiano 82 como frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.
Nicaragua reclama la soberanía de unos 50.000 kilómetros cuadrados, que incluyen el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y unos cayos cercanos, y por tanto la nulidad del tratado de 1928 que otorgó el dominio de este territorio a Colombia.
En un fallo preliminar, de 2007, la Corte Internacional, con sede en La Haya, confirmó que las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son colombianas, pero también se declaró competente para decidir sobre la soberanía de media docena de cayos y trazar una frontera marítima en lugar del meridiano 82.
Nicaragua considera que la actual frontera a la altura del meridiano 82 no es justa porque su plataforma continental se prolonga más allá de esa línea, sobrepasando la ubicación del Archipiélago de San Andrés.
Bogotá estima que a la hora de definir su frontera con ese país centroamericano se tiene que tomar como punto de referencia costero de Colombia las Islas más occidentales de San Andrés, que está situado a 220 kilómetros de Nicaragua y 775 kilómetros de las costas colombianas.
El área marítima en disputa es una zona no sólo de belleza paisajística sino también de gran riqueza pesquera y petrolífera.
El 6 de diciembre de 2001 Nicaragua, presidida entonces por Arnoldo Alemán, presentó una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, para que ésta definiera las fronteras marítimas en el Caribe y reconociera a Nicaragua la propiedad sobre el archipiélago de San Andrés y los cayos Serrana, Roncador y Quitasueños.
Una vez que la Corte determinó en 2007 que la soberanía sobre las islas ya había sido establecida en favor del Colombia por el Tratado de 1928, el litigio por la frontera marítima en el Caribe continuó adelante.
Honduras y Costa Rica solicitaron intervenir en el litigio en 2011, al considerar que las reclamaciones de Colombia y Nicaragua podría afectar a sus intereses, pero la Corte Internacional de Justicia rechazó sus peticiones
La CIJ celebró en La Haya (Holanda) las audiencias orales sobre el caso entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2012 y en ellas cada parte defendió su postura.
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