La mayoría de los jueces consideró "inconstitucional la contribución de personas jurídicas a las campañas electorales", resumió el presidente de la corte Ricardo Lewandowski al cerrar el veredicto, aprobado por ocho jueces contra tres.
En las elecciones presidenciales de 2014, más del 80% de las donaciones a los principales candidatos brasileños vinieron de empresas privadas, según datos de la justicia electoral recabados por el periódico O Globo.
"Llegamos a un cuadro absolutamente caótico, en el que el poder económico captura de manera ilícita el poder político", afirmó el ministro encargado del caso, Luis Fux, al reafirmar su posición.
Los demás jueces que acompañaron su decisión sostienen que las donaciones empresariales generan desigualdad entre los contendientes, incluso dentro de cada agrupación política.
Brasil asiste actualmente a la mayor investigación judicial por corrupción en la historia del país, que develó un esquema de sobornos y sobreprecios en la estatal Petrobras, en el que las mayores constructoras del país desviaron recursos hacia funcionarios públicos, intermediarios y partidos políticos para asegurarse millonarios contratos con la petrolera.
El caso, conocido como "Petrolao", ha puesto bajo la lupa las cuentas de campaña de la propia presidenta Dilma Rousseff, quien niega haber recibido recursos ilegales para ganar la reelección.
La decisión de la Corte Suprema debe regir a partir de las elecciones municipales de 2016, indicó su presidente Lewandowski, y valdrá también para las presidenciales de 2018.
Actualmente, la ley permite a las empresas donar a partidos hasta el 2% de su facturación bruta del año anterior a los comicios. El resto de los recursos que reciben las agrupaciones políticas proviene de personas físicas y de un fondo electoral público.
El Congreso aprobó la semana pasada una nueva ley que entre otros aspectos mantiene las donaciones empresariales, pero establece para ellas un tope de 20 millones de reales (unos cinco millones de dólares).
Rousseff debe decidir ahora si veta o no esa legislación, después del pronunciamiento de la Suprema Corte, que considera este tipo de financiamiento contrario a la Constitución brasileña.
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