Ciudadanos abre la puerta en el Congreso de los Diputados a garantizar el acceso a la negociación colectiva de la Administración a organizaciones sindicales que obtengan un 10% de la representación en un ámbito territorial y funcional específico. Así, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, esta formación señala que, más allá de las organizaciones consideradas más representativas, la Ley Orgánica de Libertad Sindical legitima a participar de esta negociación colectiva a aquellas organizaciones que hayan obtenido en un ámbito territorial y funcional específico el 10% o más de delegados de personal.
Sin embargo, según la doctrina del Alto Tribunal, para poder participar de la Mesa General de Negociación ha de contarse con un mínimo del 10% tanto del funcionariado como del personal laboral, de manera separada y no conjunta para cada tipo de empleados públicos. Una interpretación "restrictiva", lamentan desde Cs, que supone "una limitación injustificada del derecho de negociación colectiva", ya que impide el acceso a sindicatos que hayan superado la barrera de representación establecida en esta Ley Orgánica. Por ello, plantean una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público "que despeje las dudas interpretativas" y permita el acceso de sindicatos que obtengan el 10% de los representantes del personal funcionario o personal laboral.
La propuesta se pone sobre la mesa tras los roces provocados a raíz de la negociación colectiva de la reforma laboral, en la que solo UGT y CCOO se han sentado en la mesa con Díaz y Garamendi. De hecho, este fue uno de los motivos que llevaron a sindicatos minoritarios a manifestarse en varios puntos de España el domingo pasado. A este respecto, el responsable de la negociación colectiva de ELA (sindicato de País Vasco), Pello Igeregi, aseguró que "en ese marco de diálogo social, la mayoría trabajadora de este país no está presente, ya que CCOO y UGT solo representan al 34% de los trabajadores de Euskal Herria. Por eso pedimos a EH Bildu y PNV que trasladen nuestra voz al marco del Congreso".
La declaración va en línea con la del secretario xeral de la CIG (Galicia), Pauo Carril, quien comentó durante la jornada de protestas que el pacto entre el Ejecutivo y los agentes sociales es "un nuevo y grave ejemplo" de cómo UGT y CCOO ejercen de "sindicatos de clase, de entreguismo a los intereses de la patronal" y de "tontos útiles" en la renuncia del Ejecutivo central "a la tan repetida promesa electoral".
Incluir en el IMV el bono social eléctrico
Asimismo, la formación liderada por Inés Arrimadas ha registrado otra PNL en la que insta al Ejecutivo a incluir el bono social de electricidad, el bono social térmico y el futuro abono social en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que los receptores de esta prestación puedan beneficiarse también de estas coberturas. Entre los motivos expuestos, Cs desliza que la crisis económica y social provocada por la pandemia ha incrementado la desigualdad económica en el país aumentando el número de personas que se encuentran en situación de privación material severa, por lo que el Ingreso Mínimo Vital es "uno de los instrumentos más importantes de los que disponen los poderes públicos para hacer frente a la pobreza que sufren miles de personas en España".
Según los datos que recoge esta PNL, 800.000 personas se benefician de esta prestación dirigida a "prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas", recoge el escrito.
En este sentido, la formación censura que el IMV no se implementa de forma "coordinada" con otras políticas públicas y que el reconocimiento de la condición de beneficiario del bono social de electricidad y el bono social térmico, no se encuentra incluido entre los derechos reconocidos a los receptores del IVM, suponiendo así una "barrera" para las personas que sufren situaciones de pobreza acreditada. Por todo lo anterior, Cs ha presentado esta Proposición no de Ley para que el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del bono Social de electricidad, el bono Social térmico y el futuro abono social a los servicios de comunicaciones a los receptores del IMV, para su debate ante el Pleno.
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