Debate nación. El congreso se opone a inciar conversaciones sobre "las consecuencias del conflicto” vasco

El Congreso de los Diputados se opuso hoy al "inicio de conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto” generado por el terrorismo de ETA en el País Vasco y declinó un cambio inmediato de la política penitenciaria que está aplicando el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Pleno de la Cámara Baja rechazó dos propuestas de resolución que Amaiur había presentado al Debate sobre el estado de la Nación. Ambas cosecharon un fracaso rotundo porque PP y PSOE juntaron sus fuerzas para tumbas las dos iniciativas con 289 votos en contra frente a 46 a favor.
Las iniciativas pedían al Gobierno que se sume “al espíritu que ha impulsado las iniciativas plurales surgidas en el seno de la sociedad vasca, de forma que aporte también su contribución para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado, y ayudar a sanar las heridas personales y sociales”.
También que se comprometiera “con un proceso en el que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto”.
Argumentaban que el Gobierno de Mariano Rajoy inició su andadura después de un cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA y con una “masiva corriente de ilusión y esperanza” entre la sociedad vasca ante una paz “que se considera ya una realidad al alcance de la mano”.
“La inmensa mayoría de la sociedad vasca”, decía Amaiur, “cree que es posible la normalización política, la reconciliación, la reparación de todas las injusticias sufridas por tantas personas durante tantos años”.
Subrayaban que en la sociedad vasca han surgido movimientos plurales que quieren aportar su experiencia para contribuir a la normalización pero desde el Gobierno “no ha habido iniciativas” de apoyo a ese proceso, por lo que le piden “el esfuerzo de aportar en positivo”.
En otra propuesta de resolución, Amaiur pedía que se reconozca a los parlamentos de las naciones del Estado español como “representantes legítimos de la soberanía de sus pueblos” y que se respete la convocatoria de referendum “incluso cuando tengan como objetivo consultar a su ciudadanía respecto al futuro constitucional de esa comunidad.
Reclamaba que, en caso de que una de esas consultas tenga como resultado que una mayoría de los ciudadanos se muestren a favor del cambio constitucional de esa comunidad, se respete el resultado y se emprendan negociaciones, “de buena fe, tendentes a hacer efectiva jurídicamente esa voluntad democrática”.
Argumentaban que desde antes de la redacción de la Constitucion, “grandes sectores ciudadanos de Euskal Herria, Galiza y Paisos Catalans” reclamaron la inclusión del derecho de autodeterminación de las naciones históricas, y finalmente su exclusión “fue uno de los motivos principales por los cuales la mayoría de la sociedad vasca no apoyó” la norma.
Por último, denunciaban que desde entonces el Estado ha rechazado “todo aquello que tenga la más mínima sospecha soberanista por mucho apoyo democrático que posea” y el efecto ha sido el contrario al deseado, “el soberanismo se ha incrementado de manera importante en las sociedades vasca y catalana”.