Declara mañana como imputada en los ERE asesora de la dirección de Trabajo

  • La juez que investiga los ERE irregulares en Andalucía toma declaración mañana, como imputada, a María José Rofa, abogada y asesora de la dirección general de Trabajo de la Junta que en su comparecencia ante la Guardia Civil reveló aspectos de las ayudas investigadas.

Sevilla, 5 jul.- La juez que investiga los ERE irregulares en Andalucía toma declaración mañana, como imputada, a María José Rofa, abogada y asesora de la dirección general de Trabajo de la Junta que en su comparecencia ante la Guardia Civil reveló aspectos de las ayudas investigadas.

Fuentes del caso han informado a Efe de que es posible que Rofa se acoja a su derecho a no declarar, y en caso contrario su comparecencia podría prolongarse varios días pues solo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil compareció durante 12 horas.

La declaración de Rofa se produce después de que el miércoles quedara libre, aunque imputado de cuatro delitos continuados, el exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, al término de dos días de declaración ante la juez Mercedes Alaya.

Con ello, Alaya rompió la línea mantenida hasta ahora de encarcelar a los altos cargos imputados, situación en la que se encuentran el exconsejero Antonio Fernández y el exdirector general Francisco Javier Guerrero.

Según la UCO, de la declaración de Rofa se deduce que Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla, fue incluido en el ERE de Calderinox, pese a no haber trabajado en la empresa, cuando Márquez recibió "presiones" del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y del exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, ambos imputados en la causa.

Rofa declaró a la UCO que un tercer beneficiario del ERE de Calderinox, Ángel Flores Clavería, fue añadido después de que Enrique Manuel Jiménez, responsable de Acción Sindical en la Federación de Industria de CCOO-A ya imputado, llamase al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera "diciéndole que habían dejado fuera del expediente de prejubilaciones a uno de los suyos".

Rofa también dio abundantes datos sobre la operación desarrollada un fin de semana de noviembre de 2010 en la Dirección General de Trabajo en Sevilla, donde al menos diez personas, convocadas por el entonces director general, Daniel Rivera, estuvieron ordenando expedientes una vez conocida la investigación abierta por la juez Alaya.

Rofa se encuentra entre las 60 personas que hasta ahora han sido imputadas en la causa, entre altos cargos de la Junta, abogados de las empresas mediadoras e intrusos en los ERE investigados.

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