Valencia, 17 nov.- Un jurado popular ha declarado hoy culpable a un empleado del servicio de Protección Civil de la localidad valenciana de Vilamarxant que, tras ser despedido, provocó un incendio en julio de 2006 que duró cuatro días, quemó 194 hectáreas de monte protegido y obligó al desalojo de 400 personas.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el jurado cree probado que el acusado quemó el monte intencionadamente y que el incendio causó riesgo para la vida e integridad física de las personas.
Además, se muestra contrario a la suspensión de la pena y la petición de indulto para el condenado pretendidos por su defensa.
Por su parte, el fiscal ha solicitado para el procesado medidas cautelares para evitar que se fugue antes de que la sentencia sea firme, y la presidenta del tribunal decidirá si le retira el pasaporte, le obliga a acudir al juzgado semanalmente y prohíbe su salida de España.
El fiscal solicita ocho años y medio de prisión para el procesado, al que atribuye un delito de incendio con riesgo de propagación en concurso con un delito de incendio forestal.
Las acusaciones particulares, conformadas por el Ayuntamiento de Villamarxant y la Generalitat, que posee la gestión de la mayoría del terreno afectado, reclaman penas de 20 y 10 años de cárcel, respectivamente, y destacan que el incendio pudo causar la muerte de personas.
La defensa, que sostiene que su patrocinado "no realizó ninguno de los hechos imputados", pide su libre absolución.
En la extinción del incendio, desarrollado entre los términos municipales de Villamarxant (135,4 hectáreas) y Pedralba (58,6), además de afectar a 32 hectáreas de particulares, intervinieron 11 aviones, 6 helicópteros, 27 camiones cuba y alrededor de 175 brigadas forestales, bomberos, policías y guardias civiles.
Los gastos de la extinción todavía no han sido cuantificados, aunque la Generalitat pide una reparación económica de 395.000 euros por el terreno quemado, a las que los Ayuntamientos de Villamarxant y Pedralba suman 155.000 y 81.000 euros más, respectivamente, para la reforestación de la zona.
Los hechos sucedieron sobre las 16.00 horas del 20 de julio de 2006, cuando, según el fiscal, el acusado causó el fuego "en represalia por su despido" del servicio de Protección Civil, en el que había estado contratado alrededor de un año, y "con ánimo de quemar el monte" y a sabiendas de que podía afectar a zonas habitadas.
El procesado generó en la partida de "La pea" dos focos de incendio que, debido al viento y altas temperaturas, se propagaron a 194 hectáreas de monte arbolado de protección especial, cuya flora y fauna sufrieron para el fiscal un "grave perjuicio".
Además, causó un "riesgo cierto" para las personas, dado que el fuego alcanzó las viviendas de la urbanización "La paridera" y generó una columna de humo que obligó a la evacuación de alrededor de 400 personas de unos 175 chalés por riesgo de inhalación.
El acusado reconoció tras su detención su "participación imprudente" en los hechos, e ingresó en prisión hasta que, cinco meses después, quedó en libertad provisional.
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