Defensor catalán: falta de diálogo Estado-Govern agrava efectos de la crisis

Barcelona, 11 feb.- La ausencia de coordinación y diálogo entre el Estado y la Generalitat está agravando los efectos de la crisis y dejando en situación "límite" a miles de personas, según denuncia el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, en su informe anual de 2012.

Ribó, que ha entregado hoy su informe a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha advertido de que "el corazón del sistema de los derechos sociales se verá irremediablemente afectado si el Gobierno central impone el déficit público al 0,7% a la Generalitat".

En su informe, que destaca un incremento de quejas ciudadanas del 38,7% en los últimos tres años, especialmente de las relacionadas con la prestación de servicios sociales, el síndic recuerda que desde 2010 insiste en "los riesgos de superar determinadas líneas rojas" en los ajustes presupuestarios.

"Este año podemos afirmar que los daños sociales y la afectación de muchos derechos, especialmente los de las personas más vulnerables, generados por la evolución presupuestaria han sido graves y, en algunos casos, de consecuencias difícilmente reversibles", ha denunciado el defensor del pueblo catalán.

Sobre la falta de coordinación y diálogo entre el gobierno central y el autonómico, Ribó ha puesto como ejemplo el real decreto de educación, el copago sanitario y farmacéutico o la legislación de retribución de la función pública.

Para Ribó, el gobierno central "es el principal responsable de la inexistencia de un marco estable de diálogo con las diversas autonomías que permita racionalizar el impacto real de las decisiones de reducción de gasto".

"De hecho -ha añadido- el escaso o inexistente diálogo Estado-Generalitat ha provocado afectaciones adicionales que se podrían haber evitado si los dos gobiernos hubiesen acordado previamente las actuaciones que tenían que llevar a cabo".

Ribó ha denunciado que las decisiones que han tomado ambos gobiernos recortando en el ámbito de la protección social -dependencia, copagos, educación, becas- "son decisiones difícilmente compatibles con la idea de buen gobierno y de atención a las personas más desfavorecidas".

El síndic ha advertido del "significado altamente negativo que implicarían nuevas y fuertes reducciones presupuestarias en las políticas sociales como consecuencia de las drásticas limitaciones de los coeficientes de déficit público"

"Estamos al límite de afectar seriamente el corazón del sistema de derechos sociales, que quedarían muy dañados con las nuevas restricciones y, lo que es más grave, se agravaría la vulnerabilidad de diversos colectivos sociales, tal y como he apuntado en los informes de años anteriores", ha subrayado.