La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha puesto en marcha un plan de choque para acabar con el tremendo atasco que hay en los expedientes de concesión de la nacionalidad española por residencia, que acumulaba a finales del mes de septiembre más de 380.700 casos pendientes de resolución, muchos de ellos acumulados desde 2015 y años anteriores. La solución que se ha previsto en el Ministerio es doble: por un lado, se volverá a contratar mediante una encomienda de gestión a los registradores, para que agilicen lo que puedan, tal y como han hecho en años anteriores. Pero como está demostrado que eso es insuficiente para acabar con el atasco, la ministra y su equipo han decidido contratar a unas cien personas en el Ministerio durante al menos dos años, para que se pongan manos a la obra.
A grandes males, grandes remedios, esa es la visión que han tenido en el Ministerio del problema y con la que pretende tener tramitados y resueltos unos 400.000 expedientes en el año 2021, según las previsiones que se han marcado en el gabinete de Delgado. Lo primero que hay que hacer ahora es seleccionar un grupo de empresas capaces de aportar esa mano de obra, que no requiere de una alta cualificación, para iniciar las contrataciones cuanto antes. Pueden ser empresas de trabajo temporal o se puede acudir a las bolsas de empleo de trabajadores de la administración de algunas comunidades, e incluso tirar de auxiliares administrativos que en otro tiempo han trabajado para el Estado.
Una vez seleccionado el método para llegar a ese centenar de nuevos contratados (pueden ser varios tipos de empresas e incluso se plantea sacar la contratación a concurso), la idea es que sean los funcionarios expertos en la tramitación de casos de nacionalidad por residencia de la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) quienes organicen todo por equipos y les dan a cada uno de ellos la formación específica para el trabajo que deben hacer.
Todavía no se ha hecho una estimación exacta del coste de esta medida, si bien el objetivo es que no exceda de lo que cada año se recauda en este tipo de procesos. Hay que recordar que la Administración recibe una media anual de 80.000 solicitudes de nacionalidad por residencia, que pagan una tasa de 100 euros cada una. El problema es que no se resuelven todas (el año 2017 apenas se sacaron más de 25.000) a pesar de que en la gran mayoría de los casos cumplen con todos los requisitos previstos y tienen derecho a ello, según admiten desde el propio Ministerio.
Relajar los requisitos a futuro
La ministra Delgado anunció este plan de choque la semana pasada en un desayuno público, a la vista de que los expedientes se acumulan cada año sin solución. Incluso un informe del Defensor del Pueblo de finales de 2017 advertía del problema, que no se pudo solucionar con la nueva normativa, que entró en vigor en julio de 2017 y que obligaba a tramitar todos los expedientes por vía telemática, para darles más agilidad. A pesar de que se facilitaba la presentación, no se aceleraba con la resolución ante la falta de funcionarios para ello, tal y como reconoció la anterior directora de DGRN en el Congreso.
Desde el Ministerio se reconoce el el trabajo que han hecho hasta ahora los registradores en encomiendas que cuestan unos 2 millones de euros por año. En esta ocasión, se va a renovar el acuerdo con ellos para que sean parte de la solución prevista.
Aún así, desde los despachos de abogados especializados en este tema y algunos partidos políticos se ha criticado la complejidad que conlleva cumplir con todos los requisitos para tener la nacionalidad por residencia. Ya no solo por el tema de los plazos (diez años viviendo y trabajando en España, que se reducen a cinco en caso de los refugiados y a dos en casos de países iberoamericanos, Portugal, Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatorial o si se es de origen sefardí), sino por las condiciones. Desde hace tres años, se deben superar además dos exámenes, uno de español y otro de conocimientos socioeconómicos y culturales de España, por los que hay que pagar casi 300 euros y que gestiona el Instituto Cervantes.
El propio presidente Sánchez ha criticado en algunas ocasiones el exceso de los plazos y la arbitrariedad de algunas de las preguntas y las calificaciones de los exámenes, y se ha mostrado dispuesto a relajar esos condicionantes por ley. Algo en lo que está de acuerdo con Podemos y en lo que han coincidido al presentar sendas iniciativas anteriores en el Congreso. Por lo pronto, fuentes del Ministerio aseguran que se está con el plan de choque a dos años para resolver el problema, y una de las cuestiones clave en las que habrá que pensar sobre la marcha será cómo quedará entonces el modelo establecido (los contratos se acabarán) para que no se acumulen más expedientes.
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