Diversas entidades no gubernamentales sostuvieron durante una audiencia pública de la CIDH en Washington que los efectos de la nueva normativa ha hecho aumentar de forma exponencial los casos de apatridia, en especial entre niños hijos de extranjeros, y abrió las puertas para deportaciones en masa.
"La ley adoptada por República Dominicana en 2013 es insuficiente e ineficaz en el abordaje a la cuestión de la nacionalidad, y por causa de sus efectos se torna necesario reducir los casos de apatridia", denunció Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Esa ley, dijo Quintana, "divide a los ciudadanos en dos grupos: uno de personas de ascendencia extranjera y nacidos en el país y cuyo nacimiento fue registrado oficialmente, y otro con personas cuyo nacimiento no ha sido registrado, siendo que estos últimos son forzados a declararse extranjeros".
En los dos grupos, sin embargo, numerosas personas tienen enormes dificultades para tener acceso a documentos de identidad, y muchos quedan expuestos a la deportación, en su absoluta mayoría hacia Haití.
En el caso de los niños "no se han establecido procedimientos para garantizar su derecho a la nacionalidad", dijo Quintana.
Flavio Espinal, asesor legal de la representación de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), defendió la normativa adoptada por su gobierno y alegó que el proceso aún estaba en marcha sugiriendo que se estudiarían medidas para corregir los problemas.
El cambio de la política migratoria y de nacionalidad en República Dominicana en octubre de 2013 provocó un evidente deterioro de las relaciones de ese país con Haití, con quien comparte la isla La Española.
Un cambio de jurisdicción estableció que los niños nacidos en República Dominicana de padres extranjeros en tránsito no obtienen la nacionalidad dominicana. Esta decisión retroactiva a 1929 afecta a unas 250.000 personas hijas de padres haitianos que quedaron convertidas de facto en apátridas.
Tras protestas internacionales, el gobierno dominicano lanzó un plan de regularización, pero miles de personas no pudieron realizar sus trámites antes de la fecha límite del 17 de junio y actualmente corren el riesgo de ser deportados.
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