La Paz, 17 sep.- El director de Régimen Penitenciario del departamento boliviano de Cochabamba, Denis Mejía, fue destituido y detenido hoy por la Policía tras ser denunciado por supuesta complicidad en extorsiones en el penal donde esta semana murieron cuatro reclusos en un tiroteo, informó una fuente oficial.
El ministro de Gobierno (Interior), Jorge Pérez, indicó a los medios que las autoridades que investigan ese suceso escucharon este miércoles varias denuncias de los reos sobre irregularidades en el penal de El Abra, donde entre el domingo y el lunes se produjo un enfrentamiento a tiros que acabó con la muerte de cuatro internos.
Una de las declaraciones de los presos señala que un recluso entregó 30.000 dólares a un representante de los reos en presencia de Mejía, informó Pérez, quien añadió que otros reclusos extranjeros denunciaron asimismo haber sido extorsionados.
El enfrentamiento de esta semana se produjo por una pugna de poder entre reclusos y causó las cuatro muertes por disparos y armas blancas, además de once heridos.
El choque ocurrió durante un apagón en mitad de una fiesta dedicada a la Virgen de Urkupiña, la patrona de la ciudad.
Las autoridades también investigan por qué se celebraba una fiesta dentro de esta penitenciaría, ya que se trata de un penal con la categoría de máxima seguridad.
Mejía fue arrestado cuando se encontraba en las instalaciones carcelarias, pero la Fiscalía determinó su traslado a celdas policiales en otro distrito para evitar más conflictos con los reos de El Abra.
Antes de ser destituido y detenido, Mejía negó ante los medios que hoy se hubiera producido un motín en ese penal, pese a que la prensa publicó imágenes de los reclusos tratando de evitar que la Policía registrara la prisión en busca de armas.
Los presos se concentraron y quemaron sábanas y ropa que después arrojaron en llamas por las ventanas en un intento de que las autoridades desistieran de registrar la penitenciaria.
El hacinamiento y los enfrentamientos entre internos son los principales males endémicos del sistema carcelario boliviano, una saturación a la que contribuye también la lentitud de la Justicia en el país andino, que provoca que un gran porcentaje de los presos permanezca años en prisión sin una sentencia firme.
Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno que preside Evo Morales decretó en 2012 y 2013 dos indultos masivos para presos con delitos menores, aunque la medida de gracia no logró los resultados esperados.
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