Diario dice que autoridades judiciales de Costa Rica le rastrearon llamadas

San José, 20 ene.- El grupo periodístico costarricense Extra denunció hoy haber sido víctima de rastreo de llamadas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, lo cual calificó como un abuso de autoridad y una violación a la libertad de prensa, mientras el fiscal general justificó la acción.

Según declaraciones de ejecutivos del Diario Extra, el OIJ y el Ministerio Público han rastreado llamadas telefónicas de periodistas del medio durante meses con el fin de determinar quiénes les han servido como fuentes de información.

"Nos rastrearon todas las llamadas para determinar con cuáles funcionarios públicos han conversado nuestros comunicadores", aseguró la subdirectora del Diario Extra, Paola Hernández.

Hernández indicó que llamadas en la central telefónica del Grupo Extra y de teléfonos corporativos y personales de al menos un periodista fueron rastreadas para "conocer y descubrir fuentes que están brindando información fundamental para el país sobre actos anómalos e irregularidades".

Un artículo publicado hoy en el Diario Extra señala que un expediente judicial entregado por una fuente que el medio mantiene en anonimato contiene un informe sobre llamadas y mensajes de texto entre los periodistas y fuentes de información Poder Judicial.

"Ellos están molestos porque aquí sacamos información que a ellos no les gusta", agregó Hernández.

Por su parte, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, dijo hoy en una rueda de prensa que no se intervinieron teléfonos, sino que se realizó un "rastreo" de llamadas como parte de una investigación contra una funcionaria judicial que aparentemente divulgó información confidencial, lo que en este país es delito.

"Un rastreo es simplemente una comparación de los números, de llamadas que entraron o salieron de algún numero. Es un listado que puede pedir cualquiera" a su operador, manifestó Chavarría.

El fiscal negó que se haya intervenido o rastreado teléfonos de periodistas, y aseguró que solamente se hizo el listado de llamadas de la funcionaria judicial, quien se encuentra suspendida de su cargo.

Chavarría aseguró que el Ministerio Público no permitirá fugas de información en casos sensibles, ya que ello pone en riesgo la vida de víctimas, testigos e investigadores.

La Corte Suprema de Justicia indicó en un comunicado que en la sesión de hoy se acordó pedirle al Ministerio Público y al OIJ un informe acerca de este caso.

"El Poder Judicial es consciente que dentro de un Estado democrático de derecho, la función de los medios de comunicación es esencial en el respeto de las libertades públicas de toda la ciudadanía. Igualmente es responsable de garantizar el respeto a la Constitución y la Ley", afirmó.

El representante legal del Grupo Extra, Carlos Serrano, indicó a periodistas que la empresa presentará un recurso de amparo a la Sala Constitucional con el fin de "resguardar el derecho que tiene el periodista a la reserva de la fuente y el derecho que tiene el pueblo de Costa Rica a recibir información de interés público".

Además, dijo que el medio podría solicitar "medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección del periodista y de las fuentes".