Dimiten los doce consejeros de CSICA en Caja España-Caja Duero

Valladolid, 30 oct.- Los doce consejeros del Sindicato Independiente de Cajas y Afines (CSICA) han presentado su dimisión en los distintos órganos de Gobierno de Caja España-Caja Duero, entre ellos uno del consejo de administración y otro de la comisión de control.

Según ha indicado fuentes de este sindicato, diez de los consejeros pertenecen a la asamblea general, uno al consejo de administración y otro a la comisión de control.

El secretario general de CSICA en la entidad de ahorros, Luis José Rodríguez Alfayate, ha recordado en un comunicado que la elección de los consejeros dimitidos se produjo en 2006 para un mandato de 4 años que expiró en 2010.

Rodríguez Alfayate ha denunciado que la Junta de Castilla y León "no ha sabido ejercer un control sobre las entidades que tutelaba" y ha convertido los cargos en las cajas de ahorros en "prácticamente vitalicios".

También ha criticado los elevados gastos del Consejo de Administración, a pesar de que fue anunciada una eliminación de dietas persisten otras partidas relativas a "transportes, azafatas, aparcamientos, comidas y hoteles".

Este sindicato ha denunciado "la incapacidad demostrada por el Gobierno de Castilla y León en la tutela de las cajas" y ha recalcado que la Junta no puede alegar que desconocían la gestión de las entidades de ahorros y que habían informado de la misma al consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en distintas reuniones.

Rodríguez Alfayate ha indicado que cada una de las reformas legislativa emprendidas en Castilla y León sobre las cajas de ahorros "o han llegado tarde, o se han mostrado ineficientes" y, entre ellas, ha incluido el régimen de incompatibilidades para apartar a un presidente que había sido "encumbrado" por una candidatura conjunta en la que participaron PP, PSOE, UPL, UGT, CCOO y diversos grupos de empresarios.

El secretario de CSICA ha denunciado que seis Cajas de Castilla y León "están disueltas en proyectos financieros ajenos a la región", por lo que ha reclamado que una vez finalizada la consolidación de los procesos de fusión "se asuman las responsabilidades políticas".