México, 13 dic.- La Cámara de Diputados de México aprobó hoy una reforma legal que aumenta las sanciones a quienes cometan tortura y distingue este delito de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, informó el órgano legislativo.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen a una minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, con el objetivo de erradicar esa práctica.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Miriam Cárdenas, destacó que se aumentan las penas a quien cometa este delito con prisión de 7 a 16 años, además de un incremento de las multas y la inhabilitación permanente para el desempeño de cualquier cargo público.
La legisladora del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) detalló que con las reformas se cambia la denominación del ordenamiento para transformarla en Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Es decir, que se ha agregado el verbo erradicar al título.
Explicó que la Cámara corrigió el documento enviado por el Senado debido a que existía una confusión en identificar el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como si se tratase de una sola figura o concepto.
Precisó que se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
Asimismo, se considerará tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Se establece que la prohibición a la tortura es absoluta, y que, por tanto, el Estado en ningún caso podrá invocar circunstancias excepcionales para justificar hechos de este tipo, indicó.
Los delitos previstos en la Ley se investigarán y perseguirán de oficio.
Asimismo, se prohíbe la aplicación de la tortura a toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida, y se faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para realizar las visitas y supervisiones que considere pertinentes a fin de denunciar y evitar actos de tortura en el sistema penitenciario del país.
Al fijar su posición, la diputada Martha Edith Vital, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mencionó que la mayoría de los casos de tortura no son denunciados por desconfianza a las autoridades, desconocimiento de leyes o temor a represalias, y sólo trascienden los casos con alguna connotación especial.
A su vez, Margarita Tapia, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), refirió que la tortura ha abundado por parte de militares en interrogatorios clandestinos a personas acusadas de narcotráfico, por agentes migratorios a las personas capturadas en su ruta hacia Estados Unidos, o por policías para obtener confesiones forzadas.
El documento fue devuelto al Senado para su aprobación final.
En un reciente informe, el organismo defensor de los derechos humanos Amnistía Internacional aseguró que la tortura es una práctica "generalizada" en México y recoge datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que registra 1.669 en 2011, pero advierte que esta cifra podría representar sólo un 10 % pues la mayoría de casos no se denuncian.
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