Directivos Pescanova dicen que facturas falsas era un forma de financiación

  • Dos de los últimos directores financieros de Pescanova, Antonio Taboas y Alfredo López Uroz, han asegurado hoy en la Audiencia Nacional que el uso de facturas falsas en la pesquera gallega, como revelaba el informe forense de KPMG, era una forma de financiación utilizada por la compañía.

Madrid, 11 nov.- Dos de los últimos directores financieros de Pescanova, Antonio Taboas y Alfredo López Uroz, han asegurado hoy en la Audiencia Nacional que el uso de facturas falsas en la pesquera gallega, como revelaba el informe forense de KPMG, era una forma de financiación utilizada por la compañía.

Así lo han afirmado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en su declaración como imputados, en la que sólo han contestado a las preguntas del fiscal y no han querido responder a las de las acusaciones particulares.

En este sentido, han precisado que este sistema de facturas era desde el principio conocido por las entidades bancarias con las que trabajaban.

Según el informe de KPMG, en los años 2011 y 2012 entre el 75 y el 80 % de las facturas de la sociedad Pescanova eran falsas.

Han explicado que el sistema de neteo de las cuentas (operativa que consiste en compensar deuda con activos -en su caso era con depósitos bancarios- y cuyo resultado final supone ocultar la información sobre la situación de endeudamiento real de la compañía) era una práctica en la que había sido educados para aplicarla bajo esos criterios.

Han indicado que la práctica la conocía la auditora de la compañía, BDO, quien, según han declarado, nunca dijo que no se pudiera realizar de esa forma.

Han señalado que ellos siguieron con la práctica del neteo hasta que los asesores fiscales les advierten, durante el preconcurso de acreedores en el primer trimestre de 2013, de que deben consignar la totalidad de la deuda de la compañía para proceder a la renegociación con la banca.

Uroz ha precisado que no había contabilidad "B" o paralela, y que toda la deuda financiera estaba en los registros contables, aunque ésta se encontraba neteada.

En relación a si BDO conocía esta situación, Uroz ha detallado al fiscal que la auditora tenía técnicas e información para conocerlo y que nunca efectuó ninguna observación.

A preguntas del fiscal sobre si los bancos aprobaban los créditos documentarios con tan escasa información aportada por parte de la empresa, ha destacado que la documentación era muy exigua y no la habitual que exigían las entidades financieras para un crédito documentario.

Uroz ha querido precisar que la compañía sufría tensiones de tesorería (cuando hay problemas para afrontar un crédito no vencido) y no problemas de liquidez (cuando no se puede pagar un crédito ya vencido).

Ha justificado que los dos préstamos que el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa otorgó a la compañía obedecen a estas tensiones de tesorería.

Dichos préstamos, de unos 9 y 6 millones de euros, fueron contabilizados y validados por la administración concursal, Deloitte, y los conocían también BDO y KMPG.

Los dos directivos han coincidido en afirmar que era Fernández de Sousa -también imputado en esta causa- quien daba las órdenes en relación a la financiación y con el que despachaban una vez a la semana.

Taboas, por su parte, ha asegurado que Sousa asumió las funciones de la dirección financiera entre febrero y julio de 2012, y que a partir de esa fecha lo hizo Carlos Turci.

Han resaltado que la auditora BDO -asimismo imputada en el caso- estaba al corriente del endeudamiento de la compañía y tenía acceso al registro de riesgos del Banco de España y a otro tipo de documentación que se preparaba para los bancos.

Sobre cómo circulaba la información que partía del departamento financiero, han aseverado que primero se la daban a BDO y que era la propia auditora quien se la entregaba posteriormente al comité de auditoría interna de Pescanova.

En relación a los correos electrónicos enviados al administrador único de Seafrizen y World Frost, Manuel López, para que constituyera empresas con las que poner en marcha el sistema de emisión de facturas falsas -y de cuyos gastos, unos 18.000 euros anuales, corría a cargo la compañía- han remarcado que finalmente no se llevó a cabo.

Sin embargo, el fiscal ha subrayado que no se ha encontrado ningún otro e-mail que diera las instrucciones contrarias de anulación que corrobore tal afirmación.

Pescanova se encuentra en concurso de acreedores bajo la administración concursal de Deloitte, su deuda es de más de 3.600 millones de euros y su agujero patrimonial superior a los 1.900 millones.

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