Doce ex altos cargos han sido autorizados este año para trabajar en la empresa privada

Doce miembros de la Administración recibieron este año autorización para trabajar en la empresa privada, según el portal de transparencia que desde este mediodía puede ser consultado.

Las polémicas "puertas giratorias" están contempladas en una ley de 2006, reguladora de los "conflictos de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos, según la cual, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.

Se considerará que existe relación directa cuando esos altos cargos, sus superiores "a propuesta de ellos", o los titulares de sus órganos dependientes hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades o que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades. Además, si los altos cargos quisieran reincorporarse a empresas privadas en las que hubieran trabajado con anterioridad no incurrirán en la incompatibilidad prevista en el apartado anterior cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas lo sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a éste.

Además, durante esos dos años no podrán celebrar por sí mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más del 10 por ciento contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas.

Así, según figura en el portal, la Administración ha emitido este año "autorización de compatibilidad para actividad privada" a doce personas.

Borja Adsuara, director general de Red.es, una entidad pública empresarial perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, recibió en julio pasado la autorización para trabajar en cinco empresas diferentes: Centro Universitario Villanueva, Universidad de La Rioja, Universidad de Tecnología y Arte Digital, Guidance y Walnuters.

El ex embajadores de España en Francia, Carlos Bastarreche, fue fichado por Airbus tras recibir la autorización en julio, sólo dos meses después de su cese. Mientras, su homólogo en Francia,Íñigo de Palacio, firmó contrato con la multinacional española Indra, con una autorización emitida cuatro meses después de ser cesado en marzo.

Por su parte, el ex director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Esteban Terradas (INTA) José Manuel García Sieiro, que dejó su puesto en noviembre de 2013, recibió autorización en julio para trabajar en la consultora Lapid, una empresa de la que es administrador único y que se dedica a la consultoría aeronáutica y aeroespacial. El que fuera secretario general de Industria y Pymes, Luis Valero, cesado en enero, recibió tres meses después autorización para entrar en el consejo de administración de Enagas, mientras el exdirector de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Manuel Quintanar, fichó por la Liga de Fútbol Profesional como director de Integridad dos meses después de su cese.

Otros cuatro ex altos cargos han ingresado en despachos de abogados. Es el caso de la exdirectora de gabinete del ministro de Justicia, Cristina Coto, que trabaja en Albiñana Suárez de Lezo, así como de la ex delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León (Good Law Levante); la ex consejera de la Comisión Nacional de la Energía Marina Serrano González (Pérez Llorca Abogados) y la ex secretaria general del consejo de Adif, Rosa Sáenz Cerezo, que fichó por Roca Junyent, el despacho que dirige Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina.

Por su parte, el ex director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, dirige un centro de estudios sociales y económicos en la Fundación Tomillo y la exconsejera de la CNMV, Ana Isabel Fernández Álvarez, está vinculada al Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef).

El portal proporciona la identidad de las personas que recibieron el visto bueno para trabajar en la empresa privada, pero, en cambio, en ningún caso se aporta el documento de autorización correspondiente.