Duran no cree que mas acuda al congreso a pedir la competencia para convocar referendos

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, reconoció este martes que no cree que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, vaya a acudir a la Cámara Baja para defender la proposición del Parlamento de Cataluña en la que se solicita la delegación de la competencia para convocar referendos.
Duran i Lleida realizó estas declaraciones en los pasillos del Congreso minutos después de que se conociera que los grupos han acordado este martes que el 8 de abril se debatirán de forma conjunta las tres propuestas que tienen que ver con la petición de que el Estado renuncie a su competencia exclusiva y permita a la Generalitat convocar el referéndum sobre la independencia de Cataluña.
“Es algo que desconozco. No he hablado con él de si vendrá o no, no lo creo, pero no tomen mi palabra como algo que vaya a misa”, aseguró Duran i Lleida para reconocer que sí le ha trasladado a Mas el acuerdo sobre que el debate se celebrará el próximo 8 de abril.
El portavoz de CiU en el Congreso valoró “positivamente que haya un solo debate”. “La fecha está bien. Estoy de acuerdo en que si, finalmente, se consagra y se ratifica esta fecha en la Mesa y la Junta de Portavoces, CiU va a dar el visto bueno”, afirmó en lo que supone un adelanto importante del calendario para que estas propuestas sean debatidas y votadas en la Cámara.
“Si convenimos que ese debate se realice al mismo tiempo está bien que se aclare cuanto antes, aunque ya sabemos que PP y PSOE van a votar en contra”, reconoció Duran i Lleida.
Por un lado, está pendiente de debate la petición del Parlamento de Cataluña en la que se solicita al Congreso de los Diputados la delegación de la competencia para convocar referendos.
Por otro, lo están dos proposiciones de ley presentadas por CiU, ERC e ICV para delegar en la Generalitat de Cataluña “la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum” sobre su futuro político. Una de ellas es la proposición de ley conjunta de los tres grupos parlamentarios, mientras que la otra está suscrita por 16 diputados.