No ha pasado ni un mes desde que Román Escolano fuera nombrado ministro de Economía y ya ha tenido que hacerse cargo de las obligaciones que su cartera implica, entre ellas, recibir a los numerosos altos directivos y personalidades públicas y privadas. Para ello, el Ministerio ha sacado a concurso un servicio de atención VIP que deberá encargarse, entre otras cosas, del acondicionamiento y preparación de la sala o despacho, recepción y atención inicial a los asistentes, preparación y servicio de bebidas (agua, café,..) y alimentos, así como reordenación de todo una vez finalizada la reunión. Sin embargo, la empresa que se quede con el contrato deberá realizar un número indeterminado de horas extra, requisito que la actual adjudicataria no ha sido capaz de cumplir.
Así, según se desprende del pliego de licitación, "el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad desarrolla para el ejercicio de las competencias que tiene normativamente atribuidas una constante actividad de diálogo, negociaciones y contactos entre los altos cargos del departamento con personalidades de instituciones públicas y privadas, así como con representantes de sectores económicos y sociales, tanto del ámbito nacional como internacional. La mencionada actividad se concreta en la celebración de numerosas reuniones de alto nivel", para lo que es necesario disponer de un servicio que se preste de "lunes a viernes no festivos en horario de 8:00 a 20:00 horas, así como de "servicios adicionales cuando las visitas o reuniones requieran de atención fuera del horario establecido", todo ello por un valor de 60.000 euros al año.
Como es habitual en este tipo de contratos, el Ministerio no se limita a buscar un servicio que cubra sus necesidades, sino que hace especificaciones concretas sobre cómo deberá ser el personal. De esta forma, exigen que "para la realización del servicio la empresa contratista mantendrá permanentemente uniformado a su personal, que deberá guardar siempre la máxima pulcritud". Pese a ello, se reservan el derecho de 'vetar' a los asalariados que no crean convenientes para el puesto. "La Oficialía Mayor comprobará la idoneidad de las personas propuestas, pudiendo aceptarlas o rechazarlas, en cuyo caso la empresa deberá presentar otros candidatos que reúnan los requisitos establecidos", determinan.
Además, el Ministerio prohíbe que la empresa adjudicataria pueda realizar cambios de personal asignado a este servicio sin previa notificación y aprobación por parte de la Oficialía Mayor y obliga a que el adjudicatario se encargue de que en todo momento el servicio esté debidamente atendido por el personal necesario y adecuado, "conforme a la categoría de las dependencias en las que se presta". Además, la Administración se reserva el derecho a exigir la sustitución del personal que preste sus servicios cuando aprecie deficiente desempeño en su labor profesional, incapacidad u otras causas justificadas. Y recuerda que cualquier modificación en la plantilla de personal adscrita al servicio deberá contar con la previa conformidad del responsable del contrato de la Administración.
Hasta ahora, este servicio lo prestaba la empresa Tamar Las Arenas "mediante procedimiento negociado sin publicidad, y formalizado con fecha 31 de mayo de 2017, con un plazo de ejecución de 12 meses desde el 1 de junio de 2017". No obstante, ese contrato se ha resuelto por mutuo acuerdo "al concurrir razones de interés público que hacen inconveniente la permanencia del contrato, ya que la previsión y definición en su momento de los servicios contratados convierte en inviable su ejecución en el plazo citado, al resultar imposible la prestación de horas extraordinarias durante la totalidad de su vigencia por un consumo de las mismas en los meses transcurridos mucho más elevado del previsto", justifican desde Economía.
El fraude de Tamar Las Arenas
Esta empresa es una habitual en los servicios de cafetería de las administraciones públicas, aunque su actuación no ha estado exenta de polémica. En 2015, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunció a la empresa cuando era la encargada de explotar la cafetería del Museo Reina Sofía por las "inadecuadas condiciones de trabajo de los empleados, que tienen que desempeñar sus funciones en un habitáculo constantemente húmedo, con el suelo lleno de cartones para no resbalarse, sin extractor de humos y con el desagüe atascado de manera permanente", lo que motivó que la Inspección de Trabajo abriera un expediente sancionador.
Esta compañía también ha tenido problemas en el País Vasco, donde tenía adjudicado un servicio de comedores escolares. De esta forma, el pasado febrero el Parlamento Vasco anunció que investigará el fraude multimillonario supuestamente cometido durante más de una década por varias empresas, entre la que se encontraba Tamar Las Arenas, por creer que concertaron los precios que ofrecían para servir los menús escolares en los colegios públicos. Unos contratos que, según el auto del TSJPV, ascendieron a 845 millones de euros, de los que 273 fueron sufragados por el Ejecutivo vasco y el resto, unos 572, por las familias de los alumnos. De momento, se ha cuantificado en unos 80 millones, más de 7 por curso, el sobrecoste generado a las arcas públicas por el supuesto amaño de esos contratos. A pesar de que Tamar Las Arenas ha intentado exculparse, el propio Tribunal Supremo avaló hace un mes la multa a esta empresa, de 443.339 de euros, por su participación en esta trama.
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