Washington, 21 mar.- El Gobierno de Estados Unidos expresó hoy su preocupación por el "aumento de la presión sobre la sociedad civil y los activistas de derechos humanos" en Sri Lanka.
"Estamos especialmente preocupados por la detención de los conocidos defensores de los derechos humanos Ruki Fernando y el padre Praveen Mahesan, después de haber indagado sobre la detención de otro activista", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, en un comunicado.
La portavoz calificó de "alentador" el que ambos activistas ya estén en libertad, pero indicó que "siguen siendo objeto de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad", que también someten a investigaciones a otros grupos defensores de los derechos humanos.
"Es preocupante que el Gobierno de Sri Lanka haya tomado medidas de castigo contra sus propios ciudadanos valientes, que han dedicado sus carreras y sus vidas a investigar supuestos abusos de derechos humanos de ambas partes durante el largo y brutal conflicto civil" de ese país asiático, agregó Psaki.
Según Washington, estas detenciones y hostigamiento de los activistas generan un "efecto paralizante" en el seno de la sociedad civil de esa nación y minan su tradición democrática.
Ruki Fernando, uno de los principales defensores de los derechos humanos de Sri Lanka, fue detenido días atrás junto al también activista y sacerdote católico Praveen Mahesan, en el antiguo bastión rebelde tamil de Kilinochchi, en el norte del país.
Recientemente han surgido iniciativas internacionales pidiendo de nuevo la investigación independiente del respeto a los derechos humanos en Sri Lanka después de décadas de guerra civil.
Ya en 2009, cuando el Ejército ceilanés liquidó con una intensa ofensiva los últimos focos de resistencia de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil, un grupo creado en la década de 1980 para luchar por la creación de un estado tamil en el este y el norte de la isla, ya surgieron denuncias de algunas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
Debido a dichas denuncias, las Naciones Unidas creó un grupo de expertos para analizar los hechos.
El Gobierno, sin embargo, achaca las acusaciones de violación de derechos a los defensores de la guerrilla o a la mala información de las organizaciones denunciantes.
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