El abogado de Ulibarri pide el archivo del caso tras la condena a Garzón

Madrid, 9 mar.- El abogado Ignacio Peláez, que defiende al constructor José Luis Ulibarri, imputado en el "caso Gürtel", ha solicitado el archivo de las actuaciones respecto de su representado basándose en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Baltasar Garzón por ordenar escuchas en esta causa.

Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que el letrado ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que dicte auto de sobreseimiento alegando que es lo que procede después de que el alto tribunal declarara que Garzón vulneró el derecho de defensa al intervenir una de las conversaciones que Peláez mantuvo en prisión con el supuesto líder de la trama, Francisco Correa.

El defensor de Ulibarri sostiene en su escrito que los indicios que obran en la causa contra éste parten de datos obtenidos gracias a la intervención de esa entrevista, que por tanto deben considerarse ilícitos y provocar el archivo de las actuaciones.

La sentencia del Supremo que condenó a Garzón a ocho años de inhabilitación -lo que supuso su expulsión de la carrera- declaró probado que el juez prevaricó al ordenar las escuchas porque éstas sólo podían haberse acordado en un caso de terrorismo o si hubiera habido indicios de delito en la actuación de los abogados.

"Nada consta respecto al letrado Ignacio Peláez, defensor del imputado José Luis Ulibarri", señalaba el alto tribunal, que añadía que, pese a ello, Garzón "no acordó, ni por escrito ni verbalmente, ninguna medida para evitar que se grabaran las comunicaciones mantenidas por los referidos letrados con sus defendidos".

De este modo, las conversaciones, entre ellas la mantenida por Peláez con Correa el 25 de febrero de 2009 en presencia del abogado de este último, "fueron intervenidas, grabadas, escuchadas por la policía, transcritas en lo relevante para la investigación, entregadas al juez y examinadas por los representantes del Ministerio Fiscal encargados del caso", decía la sentencia.

El 4 de marzo de ese año, día en el que Ulibarri prestó declaración ante Garzón, la Policía entregó al juez un informe sobre las comunicaciones intervenidas en el que se aludía a esa entrevista, "haciéndose referencia expresa en el informe a la estrategia de defensa pactada por los letrados en relación con uno de los hechos investigados", según el Supremo.

Ese informe "aparece foliado en la causa ocupando un lugar anterior a la declaración que el mismo día 4 de marzo prestó en el juzgado el imputado José Luis Ulibarri", por lo que en teoría pudo ser examinado por Garzón y las fiscales antes del interrogatorio, aunque durante éste no se le formuló ninguna pregunta "relacionada directamente" con la entrevista entre Peláez y Correa.

Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró ilícitas las conversaciones intervenidas por Garzón, la defensa de Ulibarri ya solicitó la anulación de su imputación al entonces instructor de la causa, el magistrado Antonio Pedreira.