Madrid, 26 sep.- El megahotel construido en la playa almeriense de El Algarrobico, en el parque de Cabo de Gata, "no tiene escape" y no queda más que derruirlo, declaró a Efe José Ignacio Domínguez, el abogado que representa a las organizaciones cívicas y ecologistas que han protestado legalmente esa edificación.
Domínguez subrayó que, tras conocerse hoy dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo sobre el caso, en esta ocasión sobre la servidumbre del dominio público que invade la edificación, "no cabe lugar a dudas de que, al menos los cien primeros metros del edificio son ilegales".
Queda esperar una última sentencia que será definitiva y que el representante legal de Greenpeace, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción opina "está al caer", la del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) sobre la licencia de obras que obtuvo en 2003 el complejo turístico, construido en zona natural protegida y a menos de cien metros de la costa, en contra de lo que dicta la ley.
"Ese será el golpe definitivo", sostuvo el Jiménez, quien apuntó que el juzgado contencioso administrativo de Almería ya declaró en 2008 que el permiso de obras era ilegal, por encontrarse la edificación en una zona natural protegida.
La administración, dijo, está obligada a actuar de oficio y demoler la totalidad del edificio que atenta flagrantemente contra la norma vigente, declaró.
El abogado recordó el "compromiso" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de estudiar la posible demolición de El Algarrobico, como se conoce popularmente al hotel que se levanta en esa playa con 20 plantas y mas de 400 habitaciones.
El estudio técnico para la demolición, tratamiento de residuos y la regeneración del entorno de El Algarrobico se encargó en julio a la empresa estatal Tragsa.
La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anunció hoy que desestimaba los recursos de casación de la promotora Azata del Sol y una filial responsables del hotel contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la orden de noviembre de 2005 del Ministerio de Medio Ambiente que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre en un tramo que afecta la edificación.
El alto tribunal ratificó así la sentencia pronunciada por la Audiencia Nacional en la que se confirmaba el deslinde de 100 metros desde la línea de costa aplicado por la Dirección General de Costas en El Algarrobico, donde en 2002 quedó paralizada la construcción del hotel cuestionado, situado a menos de 50 metros de la costa.
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