El CGPJ anula los acuerdos de los jueces de celebrar vistas sólo de mañana

Madrid, 23 oct.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha declarado nulos los acuerdos de las Juntas de Jueces de Castilla-La Mancha y Cataluña en los que se acordó celebrar vistas solo de mañana (entre las 9.00 y las 14.00 horas) y pedir la dimisión del presidente del Consejo, Gonzalo Moliner.

Para el CGPJ, "el derecho de los ciudadanos a la obtención de la tutela de sus intereses legítimos" debe anteponerse a la adopción de medidas que "pueden limitar la atención de las necesidades del servicio, o provocar retrasos en su prestación".

Según ha informado el CGPJ, la Comisión Permanente ha adoptado esta decisión a instancias de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y de Cataluña, que declararon la nulidad de esos acuerdos adoptados por las Juntas de Jueces de sus respectivos territorios, celebradas el pasado 21 de septiembre.

Ese día las Juntas de Jueces de toda España se reunieron para acordar medidas de protesta contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), referida a sustituciones, permisos y retribuciones de los jueces.

Considera la Comisión Permanente que las competencias que tienen asignadas las Juntas de Jueces "no pueden extenderse -con virtualidad ejecutiva- a decisiones no previstas en la relación de asuntos comprendida en los artículos 61 y concordantes" de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Solo una vocal de los cinco que integran esta Comisión, Margarita Robles, se ha opuesto a que se anulen esos acuerdos, al considerarlos "ajustados a derecho" y porque además "comprende el malestar existente entre los jueces y magistrados".

En esta misma reunión, los vocales han acordado tomar conocimiento del escrito presentado por el titular del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza, Javier Albar, en el que se queja de las manifestaciones del alcalde Juan Alberto Belloch sobre su actuación judicial en asuntos que afectan al Ayuntamiento.

Albar se refiere fundamentalmente a unas declaraciones de Belloch que aparecieron publicadas en el Heraldo de Aragón del jueves 4 de octubre.

A este respecto, han emitido un voto en contra Margarita Robles y Manuel Almenar, al entender que cabía un reproche a esas manifestaciones porque "la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho, pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación" de los jueces.

La Comisión Permanente ha tomado también conocimiento de la imputación formal por un presunto delito de prevaricación a la juez de instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, que abrió una investigación por la presunta actuación irregular del exjefe de los TEDAX en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, que fue archivada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid.

En su acuerdo, el CGPJ recuerda que, según el Reglamento de la Carrera Judicial, solo está prevista la suspensión provisional de funciones a un juez cuando se dicta auto de juicio oral, lo que en este caso todavía no se ha producido.

El pasado mes de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial abrió expediente disciplinario a Cillán por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura de la discoteca madrileña Moma y la designación de los administradores judiciales de la misma.

El órgano de gobierno de los jueces acordó remitir a la Fiscalía tanto el informe elaborado por el Servicio de Inspección proponiendo la apertura del expediente como el acta de la inspección realizada en el Juzgado de Cillán para que se unieran a las diligencias de investigación que tenía abiertas el Ministerio Público y que han derivado en su imputación por prevaricación.

Uno de los propietarios de la discoteca denunció ante el Consejo que la juez estaba colaborando con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento, de modo que cuando el pasado 21 de septiembre éstos le denunciaron por supuesta administración desleal, Cillán acordó el precinto del local y, al día siguiente, nombró a un administrador judicial.