El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este viernes el informe que avalaba, en líneas generales, el anteproyecto de la Ley de Vivienda que permitirá poner límites a los precios del alquiler en zonas declaradas como tensionadas. Con 15 votos en contra y solo seis a favor, el documento redactado por el vocal Álvaro Cuesta finalmente no ha recibido el visto bueno del órgano de gobierno de lo jueces, por lo que dicha ponencia se ha otorgado de nuevo a otros dos vocales para que redacten un nuevo informe, que se debatirá el próximo 27 de enero.
El Pleno del CGPJ ha debatido este viernes el borrador de informe sobre Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos días para enviarlo al Congreso de los Diputados e inicie su tramitación parlamentaria. La ponencia validaba a grandes rasgos el texto elaborado por el Ejecutivo al considerar que es "un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda", si bien ponía pegas a la inconcreción y precisión de algunos enunciados. Asimismo, criticó la falta de medidas de control para garantizar el cumplimiento de los límites a los precios de alquiler en "zonas de mercado residencial tensionado".
Según han indicado fuentes del órgano del gobierno de los jueces a La Información, tras un largo debate, la mayoría del Pleno ha decidido no dar su voto a favor al informe de Álvaro Cuesta al entender que la futura ley tiene un cierto "sesgo ideológico" y no es acorde con la atribución que la Constitución hace en materia de vivienda a las Comunidades Autónomas. Por ello, se ha encargado a los vocales Antonio Ballestero y Enrique Lucas que redacten otro informe. Cabe recordar que la opinión del CGPJ es preceptiva pero no vinculante para que el Gobierno siga con su idea de poner en marcha una ley.
Durante la reunión, el vocal Enrique Lucas ha presentado una enmienda a la propuesta del dictamen, que ha sido respaldada por la mayoría, en el que duda de la competencia del Estado para legislar sobre una materia que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas, como es el derecho a la vivienda. En este sentido, Lucas alega que el informe presentado parte de la idea errónea de que solo una "regulación estatal" puede dar "garantía y efectividad" al artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, y que "algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.
Por todo ello, fuentes del CGPJ indican que el nuevo informe será mucho más crítico con la competencia del Gobierno e incluso se abordará cuestiones técnicas como el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, al tiempo que se profundizará de manera más "expresiva" en las falta de concreción.
El informe rechazado
En la propuesta de Álvaro Cuesta, se recalca que el anteproyecto de ley no concreta las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas, basadas en un análisis empírico del resultado de dichas medidas y estableciendo un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico. En este sentido, el informe afea que el Gobierno no estableciera mecanismos "pre o extraprocesales" para controlar que no se sobrepasan los precios máximos del alquiler, dejando en manos de los tribunales la exigibilidad y cumplimiento de las normas, lo que supondrá una "incidencia en la carga de trabajo" que ya soportan los tribunales, de por sí saturados.
Asimismo, entre otros aspectos, el informe rechazado también echa en falta que el Ejecutivo no se determine qué administración tiene la competencia para declarar una "zona de mercado residencial tensionado". Y es que el anteproyecto se limita a señalar que ello lo hará "la Administración competente en materia de vivienda”. Según Álvaro Cuesta, esta asignación es "genérica", ya que, si se tiene en cuenta que las comunidades autonómicas tienen autoridad en esta materia, serán las que determinen la vigencia de la declaración en cuestión.
Es ahí donde radica el problema, según avisa el vocal, pues la futura ley de vivienda verá fraccionada su efectividad si no se contempla un plazo máximo para realizar la declaración de zonas tensionadas, ya que no existirá un criterio "homogéneo" para todas las administraciones. Y lo mismo ocurre con la previsión relativa al sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, añade.
Según ha informado el propio CGPJ, los vocales que se han mostrado partidarios de cambiar las conclusiones del informe han sido Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, a los que se ha sumado el presidente de la institución y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. En el lado opuesto, se han situado los vocales Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, que han apoyado la ponencia de Álvaro Cuesta.
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