El congreso debate esta tarde las enmiendas a la totalidad a la ley de acción exterior

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá esta tarde las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior que han presentado el Grupo Socialista, el grupo de La Izquierda Plural, los de CiU y el PNV y el Grupo Mixto.
En el debate, que comenzará a las 16.00 horas, estos grupos argumentarán su oposición a la norma, uno de cuyos puntos recurrentes es el supuesto afán recentralizador de la ley y su presunta intención de entorpecer la acción exterior de las comunidades autónomas, al someterla a la política exterior cuya competencia exclusiva corresponde al Estado, obligarlas a informar a éste de los viajes oficiales que realicen a otros países y facultar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a emitir un informe de recomendaciones sobre los mismos.
Por su parte, Exteriores puntualiza que la ley respeta meticulosamente el ámbito que la Constitución reserva a cada nivel administrativo (al Estado la política exterior y a las comunidades la posibilidad de realizar acción exterior que no contravenga la primera) y que no prevé sanción alguna para los presidentes autonómicos que no quieran informar de sus viajes.
Igualmente, apunta que, si lo hicieran, contarían con el apoyo, el consejo y la credibilidad del Ministerio ante las autoridades del país; y que las recomendaciones serán siempre motivadas, según prevé el texto recogiendo sugerencias de los grupos nacionalistas.
Por otra parte, el Gobierno recuerda que las comunidades autónomas podrán participar en el Consejo de Política Exterior cuando se aborden temas que las incumban y que incluso podrán hacer aportaciones a la "carta de instrucciones" que a partir de ahora se hará a cada embajador en cuanto sea nombrado, de forma que podrán expresarle sus inquietudes e intereses en el país al que vaya destinado.
El PSOE también incluye entre sus objeciones a la ley el que también ha sido mal recibida en algunos sectores del cuerpo diplomático, pero Exteriores mantiene que en el año y medio que se ha tardado en pergeñar el texto definitivo antes del trámite parlamentario se ha estado en contacto permamente con ellos, y el propio ministro se reunió por dos veces con la Asociación de Diplomáticos Españoles, algo que ningún predecesor suyo había hecho.
En cualquier caso, el Ministerio estima que se trata de "una ley de Estado", que todos los gobiernos han intentado sacar adelante desde los de UCD, y que no puede someterse a objeciones corporativas, localistas o partidistas.
Además, la norma pretende racionalizar el despliegue diplomático español, evitando duplicidades entre órganos gubernamentales en cada país, y ahorrar gastos superfluos permitiendo a las comunidades autónomas que integren voluntariamente sus oficinas en el extranjero en las estatales (hasta ahora, sólo han dejado de firmar los protocolos correspondientes Cataluña, País Vasco y Baleares) y abriendo la posibilidad a que algunas de las españolas hagan lo propio en las del Servicio Exterior Europeo o con las que tienen los países hispanoamericanos en terceros estados.