El Pleno del Congreso debate este martes una moción de Unidos Podemos que plantea condicionar la percepción de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento de las condiciones de trabajo, sancionando así a las empresas agrícolas que vulneren derechos laborales.
Esta iniciativa es consecuencia de la interpelación que su diputado Diego Cañamero dirigió el pasado 30 de mayo a la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. En ese debate, Cañamero reclamó intensificar la supervisión de las condiciones laborales en el campo y la firma de un convenio marco de relaciones laborales en este sector de actividad.
En el texto de la moción, firmado por él y su compañera Isabel Franco, Unidos Podemos reclama la convocatoria de una mesa de negociación de ámbito estatal donde reflejar "las condiciones de vida y trabajo mínimas y comunes", con elementos como el salario, la vivienda o el transporte.
Represalias en la campaña de la fresa
Esta interpelación a Báñez tuvo lugar días antes de una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) contra las represalias que, aseguraba esta organización, habían sufrido unas 400 trabajadoras de la campaña de la fresa en Almonte (Huelva) tras denunciar sus condiciones de trabajo.
Según denunció el SAT, un centenar de trabajadoras procedentes de Marruecos interpusieron denuncias por el incumplimiento de las condiciones firmadas, llegando en algunos casos a no haber cobrado nada de sueldo hasta el momento. Asimismo, el sindicato aseguraba que tras las denuncias, muchas de las trabajadoras habían sido forzadas a abandonar los campos con el objeto de adelantar, en contra de su voluntad, su regreso a su país.
Esta misma semana, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, mostró su "profunda preocupación" por las condiciones laborales "de esclavitud o muy parecidas a la esclavitud" que había arrojado este caso, para las que reclamaba "una respuesta social y un respaldo fuerte a sus reivindicaciones". "Ningún país democrático puede permitirse que sus trabajadoras puedan seguir en esas condiciones", dijo.
Inspectores del campo
Respecto al control de las condiciones de trabajo en este ámbito, el grupo confederal propone en el texto de su moción la creación de un cuerpo específico de inspectores de trabajo para el campo, que actuaría de acuerdo a un calendario de campañas agrícolas predefinido en cada provincia.
En este sentido, también pide "intensificar el control y seguimiento" de las empresas de trabajo temporal (ETT) del sector agrario, especialmente en las campañas de temporada, para garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo del Campo.
Así, reclama la garantía de que siempre que el agricultor contrate a personas empleadas a través de un contrato de puesta a disposición, no pueda reducirse el salario neto por debajo de lo estipulado en dicho convenio.
Además, pide cambiar la ley para que el empresario agrícola se responsabilice subsidiariamente con respecto a la ETT del cumplimiento efectivo de los derechos laborales recogidos en el Convenio Colectivo del Campo.
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