El congreso respalda la ley de representatividad agraria

El Pleno del Congreso dio este jueves el visto bueno al proyecto de Ley de representatividad del sector agrario, al rechazar las cinco enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, CiU, PNV, IU-ICV-CHA y el BNG, que recibieron 128 votos favorables, 188 en contra y 1 abstención.
En la defensa del proyecto, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió su carácter “pionero”, así como su necesidad, puesto que no hay "datos fiables" y el Estado "no tiene conocimiento hoy por hoy de cuál es la representatividad”.
El ministro explicó que la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se articulará mediante una “consulta directa y simultánea” a nivel nacional.
Cañete detalló que la norma establece un “procedimiento democrático de determinación del peso real de las organizaciones profesionales agrarias”, del que "no existe precedente", con el fin de fijar una “interlocución ponderada” con la Administración, en el seno del Consejo Agrario.
“El Estado no tiene conocimiento hoy por hoy de cuál es la representatividad de estas organizaciones en el territorio nacional”, sostuvo Cañete, que apuntó que sin este conocimiento “no se puede establecer una interlocución adecuada”.
“A falta de un criterio objetivo, lo que se ha hecho tradicionalmente es otorgar una representatividad a partes iguales entre las organizaciones de ámbito nacional”, añadió.
Por ello, Cañete subrayó la importancia de potenciar los mecanismos de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias, de las que reconoció su “trascendencia” y “valor de trabajo”.
CONSULTA “DIRECTA”
El ministro aclaró que lo que regula el proyecto “no es un proceso electoral propiamente dicho”, sino que se trata de una “consulta” para conocer el peso representativo de cada organización, a través de un proceso “igualitario y transparente”.
En su opinión, el modelo actual de la ley de 2009 no permite recabar datos “fiables” sobre la representatividad de estas organizaciones, al no aplicar “criterios homogéneos” entre las comunidades y variar los censos.
A este respecto, el titular de Agricultura recordó que sólo las regiones de Castilla y León, Cataluña y Madrid convocan elecciones con regularidad, mientras que otras ocho no lo hacen desde el año 2002, en concreto Aragón, Asturias, Extremadura, Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia.
La consulta “directa” y “simultánea” se verificará mediante “voto personal, directo y secreto”, de forma presencial en las mesas o mediante voto por correo, para lo que habrá mesas de consulta “en cada capital de provincia” y “tantas otras como sean necesarias en función del censo de la demarcación provincial”, indicó Cañete.
No obstante, en “ningún caso” abarcarán más de 1.400 electores, y se aplicará el censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura.
Cañete explicó también que las organizaciones “más representativas” serán aquellas que obtengan al menos un 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado, y además, en seis comunidades autónomas, al menos un 5% de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas.
CONSEJO AGRARIO
En cuanto al Consejo Agrario, que sustituirá al antiguo Comité Asesor Agrario, tendrá como finalidad asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones referidas al mundo agrario y rural.
La representación de las organizaciones profesionales en este Consejo, con un total de 10 puestos, será proporcional a los resultados obtenidos en la consulta, señaló Cañete, que detalló que entre sus funciones estarán se encontrarán la de informar sobre los proyectos normativos en materia de agricultura y desarrollo rural y formular recomendaciones, además, celebrará al menos una reunión ordinaria del pleno cada seis meses.
MEJORAR EL PROYECTO
Por su parte, la diputada María Olaia Fernández, del BNG, criticó que se excluya a las organizaciones que no sean de carácter estatal, dejando a “miles de organizaciones” sin representatividad, así como que solo se fije una única circunscripción estatal, en vez de una por cada comunidad autónoma, a diferencia del diputado Toni Cantó, de UPyD, que consideró que la ley es "necesaria" para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias a nivel estatal.
Por último, el ministro dijo poder "mejorar" el proyecto de ley durante el proceso de enmiendas, siendo lo "suficientemente flexibles" para tener el "mayor grado de consenso" en el Parlamento.