El Congreso retoma mañana las comparecencias de expertos en transparencia

Madrid, 11 feb.- El Congreso retomará mañana las comparecencias de expertos llamados a opinar sobre el proyecto de ley de transparencia, la apuesta estrella del Gobierno para acometer la regeneración democrática contra la corrupción.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno resurgió el pasado enero, en pleno caso Bárcenas, tras varios meses de parón en los que se amplió hasta quince veces el plazo de enmiendas.

La Comisión Constitucional inició entonces su tramitación parlamentaria con una fase de comparecencias de expertos, previa a la discusión de las propuestas de los grupos políticos.

Los primeros en comparecer fueron el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez; el jurista Antonio Garrigues Walker, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional España, y el presidente de esa ONG, Jesús Lizcano Álvarez.

Este último aconsejó a los ponentes que incluyesen a los partidos políticos en el ámbito de aplicación de la futura ley y reclamó un pacto nacional contra la corrupción.

Mañana está previsto que comparezcan el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda; el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández; el profesor de Derecho Constitucional Manuel Sánchez de Diego y el profesor de Derecho Administrativo Emilio Guichot.

También dará su opinión la presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo, que previsiblemente abrirá el debate sobre la regulación de la actividad del "lobby".

El proyecto de ley de transparencia establece un amplio catálogo de principios éticos y más de una treintena de infracciones, con sus correspondientes sanciones, de aplicación a los miembros del gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración del Estado y el sector público estatal.

El texto prevé sanciones como la destitución, la no percepción de la pensión indemnizatoria y la inhabilitación para los altos cargos que utilicen su puesto para obtener beneficio indebido para sí o para otro.

Las mismas consecuencias jurídicas recoge para casos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento injustificado de la obligación de rendir cuentas, entre otros.

Para evaluar el cumplimiento de esas obligaciones éticas, la ley prevé crear una Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro.

Según anunció tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, esta semana además se reunirán los ponentes con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para cotejar enmiendas y posiciones.

Entretanto, instituciones como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y el Consejo de Estado están ayudando al Gobierno a "peinar" la legislación existente de cara a presentar en el próximo debate sobre el estado de la nación otras medidas complementarias.