Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió levantar las sanciones que pesaban sobre cinco ex dirigentes talibanes, dos de los cuales se cree que ya están muertos, informó hoy el organismo internacional.
Los nombres que desaparecerán de la "lista negra" son el ex representante talibán ante la ONU Abdul Hakim Mujahid, el ex secretario de Estado de Exteriores Abdul Satar Paktin y el ex embajador de Kabul en Pakistán Abdul Salaam Zaef.
Zaef, quien se encontraba en suelo pakistaní cuando EE.UU. invadió Afganistán, estuvo detenido en la prisión de Guantánamo entre 2002 y 2005, período en el que lideró varias huelgas de hambre y los guardas lo apodaron "El rey de Guantánamo".
También se borrará de la lista de sancionados al ex alto cargo del ministerio del Interior afgano Abdul Samad Khaksar, que aparentemente falleció en 2006, y al antiguo gobernador de la provincia de Bamiyan, Muhammad Islam Mohammadi, supuestamente muerto en 2007, según Naciones Unidas.
La medida adoptada por el comité contra Al Qaeda y los talibanes del Consejo de Seguridad se enmarca en los esfuerzos de su presidente, el embajador austríaco Thomas Mayr-Harting, de actualizar la lista de sancionados, que hasta ahora contenía 137 nombres.
El diplomático tiene previsto presentar el próximo lunes el resultado del proceso de revisión que inició hace más de un año, después de que análisis preliminares revelaran que se carece de datos suficientes sobre un tercio de los nombres de individuos y entidades que aparecen en la lista.
Además, se da el hecho de que el presidente afgano, Hamid Karzai, ha pedido al Consejo de Seguridad que anule las sanciones al menos a 10 personas para favorecer el recién iniciado proceso de diálogo con sectores moderados del movimiento talibán.
El Consejo de Seguridad de la ONU ya decidió el pasado enero, con el beneplácito de Kabul, borrar de la lista a cinco ex comandantes talibanes que han abandonado las armas.
El régimen de sanciones contra Al Qaeda y los talibanes, que fue creado en 1999 y reforzado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., congela los activos financieros de los individuos y entidades sancionadas, además de prohibirles viajar fuera de su país o adquirir armas y material que pueda ser empleado con fines militares.
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