Barcelona.- El conseller de Economía, Antoni Castells, ha defendido hoy ante la juez que investiga la operación del Hotel del Palau que siempre veló por el interés público, aunque ha admitido errores administrativos en la tramitación urbanística, que ha achacado a la responsable de Patrimonio, Immaculada Turu.
Castells ha declarado hoy durante una hora y cuarto como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona y posteriormente, en una breve comparecencia ante los medios, ha asegurado que le ha dejado "meridianamente claro" a la juez que su actuación en este proyecto fue "irreprochable" y "cristalina", ya que "siempre, siempre, siempre" pensó en el interés público.
La juez citó como testigo a Castells para que aclarara la intervención de su consellería en la operación de recalificaciones que iba a permitir la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, a raíz de la querella por tráfico de influencias y apropiación indebida que presentó la Fiscalía contra Fèlix Millet y Jordi Montull y que ha acabado llevándolos a la cárcel.
El conseller ha asegurado hoy que cuando en marzo de 2006 firmó con Fèlix Millet el convenio para la construcción del hotel -por el que se acordaba una permuta urbanística entre un edificio de la Generalitat y unos solares anexos al Palau de la Música- actuó pensando en el interés público y partiendo "del principio de buena fe", por lo que ahora se siente "engañado e indignado" por la conducta de los saqueadores confesos del Palau.
Además, ha insistido en que la Generalitat tenía "plenamente garantizadas" las indemnizaciones a percibir por la pérdida patrimonial que la operación urbanística comportaba para la administración, que en el convenio no quedaba especificada.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, Castells ha alegado ante la juez que la indemnización para la Generalitat quedaba garantizada, dado que incluso establecía un mínimo a percibir, y ha justificado que el convenio no especificaba la cifra porque de esa manera la administración no saldría perdiendo en caso de que el precio del suelo se disparara.
En cualquier caso, a preguntas de la Fiscalía, el titular de Economía ha acabado reconociendo ante la juez algunos errores en la tramitación administrativa de las recalificaciones urbanísticas que debían facilitar la construcción del hotel, según las mismas fuentes.
El conseller, no obstante, se ha escudado en que él se limitó a firmar el convenio con Millet, pero que este documento no era más que un acuerdo de intenciones que necesitaba un desarrollo ejecutivo posterior, del que ha responsabilizado a la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu.
Castells ha sostenido además, según las mismas fuentes, que los informes jurídicos y económicos previos a la firma del convenio no eran preceptivos -como afirma la Fiscalía- porque, al tratarse de un simple protocolo de intenciones, no comportaba obligaciones para la Generalitat, ni era necesario que el acuerdo con Fèlix Millet fuera sometido a la aprobación del Consell de Govern.
Según el conseller, el proyecto de construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música surgió en el año 1987, y quien lo impulsó fue el entonces secretario general de Presidencia Ramon García-Bragado -posteriormente teniente de alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona-.
Antoni Castells ha añadido que desconocía que el Palau de la Música había cedido a un tercero el proyecto de construcción del hotel, pero ha puntualizado que ese traspaso no cambiaba la situación, porque la Generalitat tenía garantizada su compensación económica independientemente de quien fuera el explotador.
Por su parte, Immaculada Turu, que ha testificado durante 45 minutos, ha reconocido según las mismas fuentes que sabía desde el año 2008 que el Palau de la Música había cedido a un promotor particular los solares para la construcción de un hotel y, sin embargo, no se aseguró el aval para que la Generalitat cobrara su indemnización.
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