El Constitucional acepta revisar el archivo del caso cesiones de crédito

Madrid.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo de la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes contra la decisión del Tribunal Supremo de archivar en 2007 el caso cesiones de crédito, el que estaba imputado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, el Constitucional revisará así la llamada "doctrina Botín" establecida por el Supremo, que acordó que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa, con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.

Según las providencias del pasado 18 de octubre notificadas hoy a las partes, a las que tuvo acceso Efe, el Constitucional ha dado un plazo de diez días a las partes para que comparezcan en el procedimiento de amparo.

También ha decidido abrir una pieza de suspensión de la sentencia del Tribunal Supremo, como había pedido ADIC, lo que le ha llevado a otorgar tres días a la organización, al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado -representante de la Agencia Tributaria- para que se pronuncien sobre dicha solicitud, que podría conllevar el inicio del juicio oral del caso de las cesiones, según las fuentes consultadas.

En diciembre de 2007, el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Supremo confirmó el sobreseimiento del caso -en el que estaban acusados Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes- que había decidido la Audiencia Nacional el 20 de diciembre de 2006.

La Audiencia Nacional dejó sin efecto el auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza Teresa Palacios a instancias solo de la acusación popular encabezada por la ADIC, que denunció un posible perjuicio patrimonial de 84 millones de euros, pues la acusación de Iniciativa per Catalunya Verds no presentó su escrito a tiempo.

La Audiencia Nacional archivó el caso por considerar que el ejercicio de la acusación popular debía estar limitado "en cuanto a su alcance, extensión y contenido", un argumento que avaló el Tribunal Supremo.

La asociación ADIC, representada por el abogado Iván Hernández, vinculado a Rafael Pérez Escolar, presentó un recurso de amparo al entender que con la decisión del Tribunal Supremo se "violaban derechos fundamentales" como el "derecho a la tutela judicial efectiva" o "el derecho constitucional a la acusación popular del procedimiento abreviado".

El caso "cesiones de crédito" se remonta a 1987, cuando el Santander empezó a comercializar unos productos que permitían evitar el pago de las retenciones a Hacienda y que conllevaron la persecución de numerosos clientes por un presunto delito fiscal.

El sobreseimiento siempre ha amenazado la investigación penal, que analizó más de 47.000 operaciones por un importe superior a los 432.000 millones de pesetas (2.596 millones de euros).

De hecho, desde 1998 el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento en catorce ocasiones, al igual que la Abogacía del Estado -representante de la Agencia Tributaria-, que lo hizo en siete ocasiones.