Madrid, 28 mar.- El último informe del Defensor del Pueblo critica la tendencia de romper por vía legislativa el orden de las decisiones administrativas y judiciales que se adoptan en el ámbito ambiental y de debilitar el sistema de responsabilidad por daños al entorno.
Un año más, los ciudadanos denuncian a través de sus quejas esta realidad, subraya el informe anual de 2.108 páginas que ha entregado hoy la defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, a los presidentes del Congreso y el Senado.
En el capítulo de medio ambiente, la Institución subraya los avances en la lucha contra el ruido y los aeropuertos y, "de modo general", la situación no es igual a diez años atrás, cuando la administración sostenía que "no eran los aeropuertos los causantes del ruido sino las aeronaves".
Esto "afortunadamente" ya no es así, y la ley establece hoy que los aeropuertos sí son infraestructuras ruidosas, peligrosas y molestas, sobre las cuales pesan deberes y obligaciones.
En el caso de las carreteras los problemas son persistentes y de índole parecida a los anteriores.
La Institución ha buscado en varios casos de carreteras excesivamente ruidosas próximas a viviendas, obtener confirmación de que los expedientes de contratación de obras contienen declaración motivada de urgencia hecha por el órgano de contratación, para acometer medidas de insonorización.
La Administración no puede, según la Defensora, "seguir una y otra vez sin cambios en tal actitud con el transcurso de los años y con el desarrollo de una legislación cada vez más perfeccionada, buscando límites al cumplimiento de sus obligaciones".
Por tanto, las perspectivas son "desalentadoras" para los afectados y a los problemas de años atrás se suma ahora la situación presupuestaria.
En general, la administración de carreteras adopta "una actitud poco colaboradora", cuando los informes recibidos son prácticamente idénticos a otros anteriores.
La sugerencia de realizar un estudio de ruido ni siquiera ha sido respondida con claridad.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la dotación de abastecimiento de agua a la población, se han dirigido observaciones a la Confederación del Tajo sobre la evaluación ambiental estratégica, los caudales ecológicos y la planificación hidrológica, sin respuesta de este organismo.
La Defensora entiende que para justificar un uso racional del agua no basta la mera afirmación de que el cálculo ha seguido las previsiones del Plan Hidrológico.
No cuestiona los criterios previstos en los planes hidrológicos de adjudicar "X" litros por habitante habitual ó "Y" litros por habitante estacional, pero no entiende que el cálculo de la dotación de agua en las concesiones se base en un número que no corresponde con el real sino con una expectativa basada en el desarrollo urbanístico.
Sobre la protección de dominio público hidráulico, el problema es el de los vertidos irregulares persistentes causados por empresas y particulares.
La regeneración de playas y los vertederos ilegales son objeto de una investigación de oficio, así como la gestión y control que se lleva a cabo con los residuos farmacéuticos.
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