El defensor del pueblo tramita las mismas quejas que los autonómicos con la mitad de personal

La institución nacional del Defensor del Pueblo, que actualmente dirige la exministra Soledad Becerril, tramita casi el mismo número de quejas que los defensores del pueblo autonómicos que existen en 11 comunidades autónomas pese a tener la mitad de personal que todos ellos juntos.
Así queda de manifisto en el informe que ha elaborado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que el Consejo de Ministros analizó este viernes y que incluye entre las 217 medidas que propone la supresión de esta figura en las comunidades autónomas para evitar duplicidades y ganar en eficiencia.
Los datos manejados por los expertos de la CORA demuestran que la multiplicación de la institución del Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas "ha dado lugar a un elevado coste en la tramitación de las quejas y un bajo rendimiento de los recursos humanos" que tienen destinados.
La prueba es que la figura nacional del Defensor del Pueblo consiguió tramitar 33.849 quejas con una plantilla de 165 personas, mientras que los once defensores del pueblo autonómicos tramitaron 38.407 quejas (apenas un 13% más que el nacional) pese a contar con más del doble de trabajadores (346).
Por todo ello, la CORA lamenta esta "proliferación" de defensores del pueblo autonómicos, dado que tienen "funciones básicamente iguales (que el Defensor del Pueblo de carácter nacional pero limitadas en virtud del principio de territorialidad".
Asegura que en comunidades como Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, donde se ha eliminado este organismo en los dos últimos años, los ciudadanos "no han sufrido una merma en la protección de
los derechos", puesto que entre otras cosas "siguen gozando de la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo constitucionalmente previsto".
Por ello, propone eliminar todas estas instituciones autonómicas para que el Defensor del Pueblo nacional asuma plenamente sus competencias "al objeto de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de las quejas de los ciudadanos", lo que conllevaría un ahorro importante para las respectivas comunidades.
Asimismo, el informe de 253 páginas de la CORA, recogido por Servimedia, plantea la conveniencia de eliminar el Consejo Consultivo que tienen la mayoría de las comunidades autónomas a modo de asesoramiento jurídico en la elaboración de sus leyes.
El Gobierno también propone eliminarlos, aunque para ello sería necesario modificar las normas autonómicas para que sólo sea necesario emitir un dictamen preceptivo en los mismos casos que ocurre a nivel nacional con el Consejo de Estado.
Así, la institución que actualmente preside el exministro José Manuel Romay Beccaría podría asumir esa labor de ayuda a los gobiernos de las comunidades autónomas, "lo que supondría un ahorro del presupuesto dedicado a mantener los órganos consultivos" que existen en la actualidad.