Bruselas, 3 jul.- La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) recuperó el pasado año 691 millones de euros en favor de las arcas comunitarias, una cifra sin precedentes hasta la fecha, según revela un informe anual, publicado hoy.
Fuentes de la OLAF explicaron en rueda de prensa que las cifras de cada año dependen del número de casos cerrados y la cuantía aparejada, que en 2011 superó con creces la de años anteriores (la media entre 2007 y 2009 se situaba entre los 150 y los 200 millones de euros y en 2010 se recuperaron solo 67,9 millones).
El director de OLAF, Giovanni Kessler, señaló que el montante "excepcional" de 2011 se debió en gran parte al cierre de un caso de fraude ocurrido en Calabria (Italia) cuyo importe se elevó a 389 millones de euros,
Los delitos por fraude y corrupción se registraron principalmente en el gasto de los fondos estructurales (524,7 millones), seguido por las aduanas (113,7 millones) y los fondos agrícolas (34 millones).
Las penas de prisión impuestas a los responsables de los delitos en el conjunto de Estados miembros ascendieron a 511 años, mientras que las sanciones económicas se elevaron a 155 millones de euros.
Durante 2011, la oficina Antifraude abrió 178 nuevos procesos de los cuales el 80 % acabaron siendo investigados y cerró 208 casos.
En relación con años anteriores, el informe constata un caída considerable en la información sobre casos sospechosos facilitada por las autoridades públicas, mientras que aumentó la aportada por el sector privado.
Kessler mostró su preocupación por la menor colaboración del sector público, que atribuyó al hecho de que se malinterpreten los resultados del informe y se crea que los países que aportan más información sobre supuestos casos de fraude son los más corruptos.
"Este estigma de ser el país más corrupto está provocando que los países dejen de colaborar", lamentó.
Kessler puntualizó que las investigaciones son cada vez más europeas e incluso internacionales y puso de ejemplo un caso de fraude que afectó a España en 2009 relacionado con una compañía India que importaba biodiésel estadounidense sin reconocer su origen con el fin de saltarse la ley europea anti-dumping para el biodiésel americano.
La OLAF inició una investigación junto con la justicia india y las autoridades españolas, belgas, suizas y americanas en la que detectó que la empresa había defraudado por valor de 32 millones de euros.
Por último, Kessler remarcó la importancia de las negociaciones actuales entre el Parlamento Europeo, Comisión y Consejo Europeo para conseguir una mayor coherencia en la UE a nivel de legislación.
"Muchas veces los criminales escogen los países donde la legislación es más suave con el fraude y la corrupción para delinquir. Solo con que un país no castigue un delito ya se está afectando a toda la UE", concluyó.
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