El director de Seguridad Ciudadana de Melilla, entre los 14 detenidos por amaño de contratos públicos

El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, es uno de los detenidos en el marco de la 'operación Tosca' relacionada con el amaño de contratos públicos en la citada ciudad autónoma, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Este cargo depende de la Consejería de Seguridad Ciudadana que, entre otras cosas, gestiona servicios como los Bomberos, la Policía Local o Protección Civil. Este detenido es policía nacional de profesión.

La Guardia Civil había logrado ya a las 13.30 la detención de al menos 14 personas por su presunta vinculación con estas actividades fraudulentas en la concesión de contratos públicos. A todos ellos se les imputan delitos Contra la Administración Pública y a algunos también el delito de Blanqueo de Capitales y Falsedad Documental. Los investigadores prevén el arresto de una persona más, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Las actuaciones de la Guardia Civil están teniendo lugar en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Paralelamente a los arrestos de este martes, los investigadores entregarán en los próximos días citaciones a otros implicados para que comparezcan ante la Autoridad Judicial en calidad de imputados.

Las pesquisas de este caso se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de Melilla. Obtuvo esa información durante el desarrollo de la 'Operación Ópera', relacionada con Delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales.Dos años de investigación

Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de la Ciudad Autónoma y registros en distintas Consejerías, a finales del año 2013 la Unidad Central Operativa se hizo cargo de la investigación. En el mes febrero del año 2014, los investigadores realizaron nuevos registros en Consejerías de la Ciudad Autónoma, sociedades mercantiles vinculadas con los contratos investigados y en domicilios particulares.

Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general.

De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos.

La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Melilla y la Fiscalía de esa Ciudad Autónoma y la ejecuta el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con otras Unidades de las provincias afectadas.'Operación Ópera'

Las actuaciones por la 'Operación Ópera' comenzaron el 12 de septiembre de 2013 en la llamada 'Operación Ópera' y provocó la imputación de siete personas, entre ellas el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig (PP); el director general de Gestión Económica de este área, José Pastor; el funcionario de Medio Ambiente, Juan Carlos López Rueda; el ex Interventor General accidental de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero, entre otros.

El Juzgado de Instrucción número 4 ha emitido un nuevo auto esta semana en el que saca tres piezas separadas del caso principal: una relacionada con la Vicececonsejería y otras dos con dos empresas (Eulen e Himosa). Señala el Juzgado que la instrucción se inició para la investigación de un presunto delito de falsedad documental relacionado con la contratación administrativa, luego extendida a presuntos delitos de exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias.

La matriz de esta operación, la llamada 'Ópera', se concreta en esclarecer las presuntas "actuaciones irregulares", presumiblemente constitutivas de los referidos delitos, de determinados órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en la contratación pública.

Estas actuaciones afectarían tanto a la contratación menor (dando lugar al fraccionamiento de los importes abonados por obras o servicios) a fin de eludir la contratación mediante concurso, como a la contratación mediante concursos públicos en los que se habría llevado a cabo una concertación previa entre responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la Administración para determinar el resultado del concurso.

Todo ello, según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla al que ha tenido acceso Europa Press, con la connivencia entre las personas físicas o jurídicas encartadas y los responsables de las Administraciones públicas contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios recíprocos, en perjuicio del erario público.Contratos menores

Inicialmente, añade, la investigación se centró en la contratación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la sociedad Construcciones y Reformas el Porvenir, perteneciente a Abdelkader Kasem Abdelkader, implicado en las diligencias previas 1947/2009, y cuya declaración en este procedimiento, junto con las irregularidades constatadas en la contabilidad de dicha sociedad, fue determinante para la deducción del testimonio origen de esta causa.

En este aspecto, el objeto de la investigación se centró, en un principio, en la llamada contratación menor, esto es, la adjudicación directa de contratos cuyo montante económico se fraccionaba para no rebasar las cuantías establecidas por la Legislación especial de contratación pública, 18.000 euros tratándose de servicios y 50.000 euros respecto de las obras.

Las sucesivas diligencias acordadas judicialmente y llevadas a cabo por la Policía Judicial, se concretaron en distintas líneas de investigación centradas, por un lado, en la contratación pública con una o varias empresas determinadas, y, por otro lado, en el análisis patrimonial de los implicados, especialmente los responsables públicos.El Gobierno de Melilla dice estar "tranquilo" tras la intervención de la Guardia Civil

El vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín (PP), ha asegurado que el Gobierno de Melilla "está muy tranquilo" después de que la Guardia Civil haya llevado a cabo este martes la 'Operación Tosca' en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

El 'número dos' del presidente Juan José Imbroda ha señalado que lo único que saben de estas intervenciones es a través de lo que se viene publicando en los medios de comunicación, pero ha subrayado que no están preocupados porque el Ejecutivo autonómico "siempre ha actuado con honestidad y honradez".

El también consejero de Fomento, Juventud y Deporte ha pedido que no se saquen conclusiones precipitadas de estas actuaciones policiales y "se deje trabajar a la Justicia" para que se pueda saber si estas personas detenidas han podido cometer alguna ilegalidad.

En cualquier caso, ha criticado los intentos de judicializar la vida política por parte de algunos partidos de la oposición, para intentar con ello "desgastar" al Gobierno de Imbroda y lograr así "lo que no consiguen en las urnas".La postura del PSOE

En cambio el secretario general del PSOE, Gregorio Escobar, ha asegurado que "no hay precedente en la historia de Melilla de lo que está ocurriendo actualmente".

El líder socialista, que lamenta la imagen de Melilla que se está dando en el resto del país, y que "sitúan a nuestra ciudad al mismo nivel de tramas de corrupción que se han investigado en lugares como Valencia o Madrid", ha indicado que los melillenses "no se merecen que se hable de Melilla en todo el país con este tipo de cuestiones".

Por ello, el máximo responsable de los socialistas locales ha hecho un llamamiento a la ciudadanía melillense para que acabe con esta situación: "La justicia hará su trabajo, no me cabe la menor duda, pero esto quien lo cambia son los ciudadanos" ha destacado.

Ahondando en esta idea, Escobar ha asegurado que ni Génova -en referencia a la sede nacional el PP- ni el Gobierno de Rajoy "van a tomar ninguna medida contra Imbroda o su Gobierno"."Van a mirar hacia otro lado y ver por dónde estalla esto, por lo tanto los únicos que pueden cambiar la situación ya, el 24 de mayo, son los ciudadanos de Melilla votando a partidos que no estén inmersos en estas corruptelas" ha concluido.