Jueves, 21.02.2019 - 17:56 h
Memoria Histórica

El diseño jurídico del traslado de Franco: la familia y la Iglesia son determinantes

El acuerdo con los descendientes del dictador evitaría futuros pleitos por la exhumación. Los obispos ya han anunciado que no serán un obstáculo

Tumba de Franco en el Valle de los Caídos
Tumba de Franco en el Valle de los Caídos / EFE

Sacar a Franco del Valle de los Caídos no parece un proceso fácil desde el punto de vista jurídico. A la espera de conocer los planes concretos del Gobierno para hacerlo, la exhumación solo será pacífica si hay acuerdo con los descendientes del dictador. Porque el Estado es dueño del lugar donde está sepultado, pero no de sus restos, lo que podría conducirle a futuros procesos y al riesgo de que la justicia anule el traslado. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez requiere la aquiescencia de la Iglesia, al encontrarse el féretro en el interior de una basílica, según los expertos consultados. La vicepresidenta Carmen Calvo dijo el jueves que la exhumación “tiene unos procedimientos que nadie se puede saltar”.

En caso de que el Ejecutivo no acuda a una regulación extraordinaria para desenterrar al dictador, la normativa al respecto es bastante clara, según los expertos consultados. Porque desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007, el Valle de los Caídos está sujeto “estrictamente” a la normativa aplicable a “los lugares de culto y los cementerios públicos”. Es decir que, según esa disposición, tiene el mismo régimen que cualquier otro recinto mortuorio.

En principio, si no se articula ningún procedimiento 'ad hoc', quien tendría que poner en marcha el procedimiento es el Ministerio de Hacienda, del que cuelga la dirección general de Patrimonio del Estado, la dueña del Valle de los Caídos. Se trata de un trámite delicado puesto que este tipo de traslados, en el derecho mortuorio, está pensado para que lo solicite la familia del fallecido y no el titular del lugar donde está su sepultura. Así que, si se sigue el proceso general, un acuerdo con los descendientes del dictador facilitaría mucho las cosas.

No se necesita permiso 

El derecho mortuorio, el relativo a los enterramientos y cremaciones y exhumaciones, es competencia autonómica. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no tendría nada que decir, de acuerdo con su propia normativa. Según su reglamento de sanidad mortuoria, lo que resta de Franco en la basílica de Cuelgamuros son solo “restos cadavéricos”, es decir, “lo que queda del cuerpo humano terminados los fenómenos de destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos cinco años de la muerte real”. En esos casos, según el reglamento mortuorio madrileño, la exhumación está exenta de administración sanitaria.

Salvada la actuación de otra administración -que en este caso, además, está gobernada por el PP, el partido más reticente al traslado- uno de los principales retos del Ejecutivo de Sánchez de cara a futuros recursos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, es encontrar una buena razón para justificar la exhumación. Las dos que aventuran los expertos son la propia Ley de Memoria Histórica, que otorga poderes a la Administración para acabar con los símbolos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, y la votación del 12 de mayo de 2017 en el Congreso que instó al Gobierno a sacarlos de allí sin la oposición expresa de ningún grupo.

Los obispos no se opondrán

El otro actor de este baile es la Iglesia. Al encontrarse el sepulcro del dictador en una basílica, el Ejecutivo debería pedir permiso al Arzobispado de Madrid o a la Conferencia Episcopal dado que los lugares de culto “tienen garantizada su inviolabilidad”, según los acuerdos de España con la Santa Sede. Sin embargo, no parece que el clero vaya a convertirse en un escollo. El portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo, aseguró el pasado 28 de junio que “no corresponde a la Iglesia la decisión sobre la permanencia o no de los restos de Franco” en el Valle de los Caídos. “Es otro ámbito, el político o el familiar, el que ha de decidir”, añadió.

Los de Franco no serán, previsiblemente, los únicos restos desenterrados en las próximas fechas en el Valle de los Caídos. El pasado abril se iniciaron los trabajos para identificar a algunas de las víctimas de su régimen, sepelidas también en ese mausoleo de la sierra madrileña en contra del deseo de sus familias, que han luchado durante años para recuperar sus cuerpos. En los largos procesos judiciales hasta alcanzar ese fin dos entidades han tratado de frenar esos trámites sin éxito: la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos y los curas benedictinos que residen en ese lugar de tan infausto recuerdo.

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