El exgobernador Sancristóbal asegura que la cúpula de Interior ordenó la creación de los GAL

Madrid.- El exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal ha asegurado hoy que la creación de los GAL en 1983 fue ordenada por la cúpula de Interior porque, según ha dicho, no tomaban "ninguna decisión que no fuese autorizada por las administraciones centrales del Ministerio" del Interior.

Así lo ha manifestado Sancristóbal en su declaración como testigo en el juicio al exjefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, que se enfrenta a una petición de la acusación popular de 114 años de cárcel por los atentados en los bares "Batzoki" y "Consolation" en el sur de Francia en 1986 en los que resultaron heridas seis personas.

"En aquella fecha no tomábamos ninguna decisión que no fuese autorizada por las administraciones centrales del Ministerio del Interior", ha afirmado el testigo, que ha recordado que él mismo y el exjefe del mando único antiterrorista Francisco Álvarez "prepararon a policías que pasaran a Francia para tratar de obtener información" sobre el secuestro del militar Alberto Martín Barrios.

Sancristóbal, condenado a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, ha indicado que cuando habló con el ministro del Interior, José Barrionuevo, sobre "cómo poner a Marey al otro lado de la frontera", se les ocurrió inventarse un nombre "como una salida para que no perjudicase a los funcionarios que fueron a Francia".

Y ha precisado que cuando mantuvo esa conversación, estaba junto a él el exsecretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea, que por aquel entonces vivía en el Gobierno Civil porque existían amenazas de atentado.

Por su parte, García Damborenea ha indicado que en las reuniones mantenidas entre responsables de Interior y los responsables políticos en el País Vasco se trataron las dificultades que ofrecía la lucha contra los terroristas, pero ha sostenido que no se plantearon realizar actividades ilegales en ningún momento.

No obstante, a preguntas de la abogada de la acusación popular, el testigo ha reconocido que sí tuvo conocimiento del despacho del CESID -actual Centro Nacional de Inteligencia- en el que se recomendaba el secuestro de miembros de ETA, pero ha considerado que el secuestro de una persona no es un delito.

"Probablemente estoy haciendo un juicio moral, no un juicio legal, y desde el punto de vista moral me pareció que el bien protegido era mucho mayor que el precio que se iba a pagar", ha opinado.

Antes de la declaración de Sancristóbal y Damborenea, ha testificado el exjefe del Mando Único antiterrorista Francisco Álvarez, que ha reconocido que autorizó la contratación en Portugal de los tres mercenarios Paolo Figueiredo, Rogerio Fernando Carvalho da Silva y Antonio Jorge Ferreira Cisneros -condenados por los atentados en los bares-, aunque ha asegurado que el objetivo era montar una "infraestructura de información" en Francia.

Para ello, en diciembre de 1984, se reunió en Madrid con Planchuelo, el expolicía José Amedo y el francés Jean Philippe Labade -otro mercenario del GAL encargado de organizar ambas acciones terroristas, según declaró Figuereido-, y ha indicado que este último les dijo que estaba "muy vinculado a los servicios de seguridad franceses" y que su colaboración les daría "resultados muy óptimos".

Por su parte, el expolicía Michel Domínguez, condenado en 1991 junto a Amedo a 108 años de prisión cada uno por reclutar a los mercenarios portugueses, ha negado que Planchuelo tuviera alguna relación con esos hechos.