Naciones Unidas.- El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe contra Sudán por ignorar durante tres años las órdenes de arresto contra dos dirigentes del país imputados por crímenes de guerra en Darfur.
En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Moreno Ocampo lamentó que sigan en libertad en territorio sudanés el ex viceministro del Interior del país Ahmad Harún y el dirigente de la milicia "yanyauid" (proárabe) Ali Kushaib.
"La impunidad de Ahmad Harún y Ali Kushaib es uno de los principales problemas (de Darfur). Tiene un coste", afirmó el jurista argentino.
En ese aspecto, resaltó que Kushaib sigue siendo un líder tribal con amplios poderes en el sur de Darfur, mientras que Harún es en la actualidad el gobernador de la provincia de Kordofan Sur.
"Se le debería arrestar antes de que cometa nuevos crímenes en su actual cargo", indicó el fiscal.
Es por ello, prosiguió, que los magistrados de la CPI determinaron el pasado 25 de mayo que Sudán ha incumplido con su falta de cooperación la resolución 1.593 del Consejo de Seguridad por negarse a detener a estos dos imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad.
"Este Consejo ha afrontado antes casos de incumplimiento de órdenes de arresto por parte de Estados. Espero que se de un acuse de recibo a la decisión de los jueces y se le haga un seguimiento", señaló Moreno Ocampo.
Para el responsable de la fiscalía de la CPI, la ausencia de un castigo a los crímenes que los dos sospechosos supuestamente cometieron entre 2003 y 2005 explica que la violencia persista en Darfur siete años después del inicio del conflicto.
"Lamentablemente, el crimen de exterminio contra millones de desplazados en los campos continúan, así como las acciones para imponerles condiciones de vida inhumanas", aseveró en su intervención.
En ese aspecto, recordó que la violencia continúa en Darfur pese a la firma el pasado febrero en Qatar de un acuerdo marco de paz entre el principal grupo rebelde, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI), y el Gobierno sudanés.
Desde entonces, unos 100.000 civiles han sido trasladados por la fuerza por el Ejército sudanés en la zona de Jebel Marra, dijo el fiscal de la CPI, al tiempo que explicó que el "modus operandi" empleado en este caso es el mismo de Harún durante la campaña de 2003 a 2005 contra las guerrillas rebeldes.
Por su parte, el embajador de Sudán ante la ONU, Abdalmahmud Abdalhaleem, rechazó a la salida de la reunión del Consejo el contenido de la intervención de Moreno Ocampo, al que acusó de difundir "mentiras y fabricaciones".
"Hemos visto a un fiscal desesperado que trata de interferir de manera flagrante y extrema en los asuntos de Sudán en nombre de quienes manejan esta función", afirmó el diplomático.
En su opinión, la CPI se ha convertido en unos de los principales obstáculos para llevar a buen puerto las negociaciones en Qatar y alcanzar la paz en su país.
Abdalhaleem aseguró que la situación de violencia ha mejorado considerablemente en Darfur y consideró que Harún ha hecho un gran servicio a su país a lo largo de su trayectoria en el Gobierno de Jartum.
"Estamos orgullosos de Harún, es uno de los grandes hijos de nuestro país", agregó.
En 2009, los magistrados de la CPI emitieron una orden de arresto por crímenes de guerra contra el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, que también ha sido ignorada por las autoridades de Jartum.
La guerra en Darfur, que estalló en 2003, ha causado ya al menos 300.000 muertos y obligado a 2,7 millones de personas a abandonar sus comunidades de origen, según datos de la ONU.
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