El fiscal general defiende a la udef y dice que se investiga a los pujol en tres causas

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, salió hoy en defensa de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), después de que el expresidente catalán Jordi Pujol la tildase de “policía política” y dijese que quiere destruir a su familia.
En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Torres-Dulce aseguró que “la UDEF es una unidad policial extremadamente especializada para luchar contra la corrupción de intereses económicos y financieros”.
Sostuvo que la UDEF ha actuado “con eficacia y eficiencia” y eficiencia en numerosos procesos. Destacó, en este sentido, que en el “caso Palau”, donde se investiga el desvío de fondos públicos en favor de CiU, esta unidad policial “ha realizado una actividad investigadora y de aportación de pruebas absolutamente extraordinarias”.
Al mismo tiempo, Torres-Dulce explicó que en estos momentos existen tres causas en los tribunales en el que se investiga el enriquecimiento de miembros de la familia Pujol. Uno de estos sumarios está en Barcelona y corresponde a una denuncia del sindicato de funcionarios “Manos Limpias”, mientras que los otros dos casos están en juzgados de Madrid.
Una de estas causas corresponde a unas declaraciones contra Jordi Pujol del exfinanciero Javier de la Rosa, mientras que el tercer proceso son las confesiones de una examante de Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán al que se acusa de sacar de España dinero en efectivo en bolsas.
“CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL”
Sobre la investigación de estas denuncias, el fiscal general destacó que estos procesos “llevan realmente poco tiempo en los tribunales”, no más de dos meses, por lo que dijo que hay que investigar a que avancen las investigaciones.
Respecto al “caso Pallerols”, referido a la corrupción en Unió Democràtica de Catalunya (UDC), negó cualquier intencionalidad política en el acuerdo que permitió que los acusados de este partido admitiesen el desvío de dinero público a cambio de unas penas que no suponen su ingreso en la cárcel.
El responsable de la Fiscalía justificó el acuerdo en la “enorme tardanza” de este proceso, ya que la tramitación investigación judicial se ha prolongado durante veinte años. Además, destacó que la conformidad judicial es cada vez más frecuente y alcanzó a un 75 por ciento de los procesos entre 2011 y 2012.
Asimismo, remarcó la importancia de que los acusados devolvieran el dinero público recibido y señaló que, a diferencia de lo que dicen desde UDC y CiU, la conformidad en este asunto supone que el partido Josep Antoni Duran i Lleida asume que en el “caso Pallerols” hubo “corrupción personal e institucional”.
En cuanto a la declaración soberanista que CiU y ERC preparan para ser aprobada por el Parlamento catalán, Torres-Dulce dijo que de momento es una iniciativa política sin plasmación concreta, al no está aprobada por la Cámara autonómica. No obstante, remarcó que actuará “si en algún momento se infringe la legalidad”, aunque avanzó que, en su caso, la respuesta legal sería más ante el Tribunal Constitucional que en la jurisdicción penal.