El fiscal general del Estado dice que el talón de Aquiles de ETA es estrangular entramados de protección

Madrid.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado hoy que el "verdadero talón de Aquiles" de ETA son sus entramados de protección, que deben ser estrangulados, como ocurrió ayer con la operación en la que fueron detenidas 10 personas, entre ellas 3 abogados de la banda.

En un desayuno informativo organizado por el "Foro Aragonex", Conde-Pumpido ha explicado que las grandes empresas del crimen se organizan como las del mercado: "eso significa que se puede descabezar la organización deteniendo a sus responsables, pero la estructura permanece, de manera que esos directivos serán sustituidos por otros".

Por eso -ha señalado- lo que hay que hacer es "estrangular la organización misma, destruyéndola como se destruye cualquier empresa: arruinándola".

Según el fiscal general, se trata de estrangular sus fuentes de financiación y taponar los flujos de activos que permiten su funcionamiento, terminar con sus fuentes de ingresos y con toda clase de apoyos externos que faciliten su actuación.

Ha reconocido que esa tarea, mucho más difícil que localizar y acusar a un comando terrorista, "es sin embargo la que de verdad permite anunciar el fin inevitable de una organización criminal".

Entre estas actuaciones, Conde-Pumpido se ha referido a la operación llevada ayer a cabo en el País Vasco por la Guardia Civil, en la que fue desarticulado un grupo de ETA cuyos integrantes, además de ejercer de letrados para la banda, recopilaban información sobre posibles objetivos, captaban militantes para la banda, intermediaban en el pago del "impuesto revolucionario" y actuaban de "comisarios políticos" en las cárceles.

Además, ha citado la acusación formulada la pasada semana por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la causa que investiga la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas".

La Fiscalía pidió 12 años de prisión para los ex responsables de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufino Etxeberria por un delito de pertenencia a ETA en grado de dirigentes, 10 años para otros 20 miembros de la formación ilegalizada y 8 años para los 17 imputados restantes por colaboración.

Conde-Pumpido ha señalado que se trató de "una larguísima y complicadísima" instrucción contra estas personas a las que se imputa la organización de todo el entramado de apoyos sociales y de infiltración política de ETA en el marco institucional.