Sevilla, 2 mar.- La Fiscalía Anticorrupción ha insistido hoy en que se amplíe el calendario de declaraciones en el fraude de los ERE y que se cite a todos los imputados, además de destacar la necesidad de que se requiera documentación a dos despachos de abogados sobre el asesoramiento prestado y facturado.
En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal interesa que el calendario de declaraciones se amplíe a todas las personas que participaron "en todas o en algunas de las ayudas" a las empresas Caderinox, Ayco, Surcolor, Aglomerados Morell y Restaurante Río Grande.
Esta petición tiene la finalidad de que la investigación de estas piezas separadas "avance y vaya quedando en la medida de lo posible terminada".
Ha reiterado la práctica "a la mayor brevedad posible" de todas las diligencias de investigación que ya pidió en su escrito anterior, con especial mención a aquellas que se refieren a las empresas anteriormente citadas.
El Ministerio Público pide que se convoque la comparecencia sobre medidas cautelares respecto al imputado Gómez Romón, que ya prestó declaración en sede judicial, en donde se acogió a su derecho de no declarar.
El Fiscal también considera necesario que se requiera al despacho de abogados Garrigues y al de Estudios Jurídicos Villasís, para que aporten justificación documental del asesoramiento técnico y jurídico prestado y facturado de manera directa o indirecta, a través de las agencias públicas ligadas a la Junta, a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo.
Además, pide que se informe de los asesoramientos prestados a empresas o asociaciones en relación con las ayudas solicitadas o recibidas con destino a empresas en crisis o sujetas a ERE de cualquier tipo desde 2001 a 2011, así como a sus trabajadores.
En su caso deberán aportar copia de los contratos de asesoramiento, facturas emitidas y cobradas e identidad del pagador, así como identidad de los asesores de los despachos en cada caso.
En relación con las personas ya imputadas se interesa que se dé traslado en su condición de terceros civilmente responsables de manera subsidiaria a Río Grande, a la que habrá que exigirle fianza de 1,99 millones de euros -en caso de que esta cantidad no haya sido satisfecha por la dueña de Río Grande, Carmen García-, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell, CCOO, Despacho de Abogados Garrigues, Estudios Jurídicos Villasís, Cenforpre, Uniter, Vitalia VIDA y "Asociación 3 de Julio".
La Fiscalía Anticorrupción interesa también que la Agencia Tributaria informe sobre operaciones declaradas por las sociedades y despachos de abogados reseñados con otras sociedades y entidades que hayan sido beneficiarias de los fondos públicos con objeto de investigación, sociedades mediadoras y compañías de seguros que hayan formalizado pólizas con objeto de investigación.
Esta petición es extensible a la propia Junta de Andalucía y a las entidades y agencias públicas dependientes de la misma.
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