El fiscal pide al Supremo que confirme las condenas a los miembros de "Blood&Honour"

Madrid.- El fiscal ha reclamado hoy al Tribunal Supremo (TS) que confirme la sentencia que acordó la disolución del grupo neonazi "Blood&Honour" (Sangre y Honor) y condenó a penas de entre un año y tres años y medio de cárcel a catorce miembros de este grupo por asociación ilícita y tenencia de armas.

Así lo ha pedido el representante del Ministerio Público en la vista celebrada por la Sala de lo Penal del Supremo para estudiar los argumentos de los recursos interpuestos por trece de los catorce condenados contra la resolución dictada en julio de 2010 por la Audiencia Provincial de Madrid.

Las defensas por su parte han alegado, entre otros motivos, que no se ha acreditado que "Blood&Honour" pueda ser considerada como promotora de la discriminación, el odio o la violencia contra personas.

Además, han alegado dilaciones indebidas y han pedido que se anulen las intervenciones telefónicas practicadas en la causa, a lo que se ha opuesto la Fiscalía y la acusación popular, representada por el Movimiento contra la Intolerancia.

Durante el juicio, celebrado el pasado verano, la Fiscalía y la acusación popular pidieron cinco años de cárcel para los principales miembros de "Blood&Honour" por los delitos de asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, y la Audiencia de Madrid condenó a Roberto L.U. por el primero de ellos, y a Francisco José L.P., por los dos delitos, a 3 años y 3 años y seis meses de prisión, respectivamente.

Ambos fueron considerados fundadores de este grupo y que ostentaron cargos directivos de la asociación.

Por el delito de asociación ilícita también fueron condenados Alberto L.U.-dos años de cárcel- y Tomás B.L., Daniel B.G., José María A.B., Alberto C.M., Luis G.R., Ángel Manuel U.M., Sergio F.P., David A.R., Jorge V.C. y Gustavo A.G., todos ellos a un año de prisión.

El abogado de nueve de los condenados ha explicado en la vista celebrada esta mañana que las escuchas telefónicas "fueron prospectivas para facilitar lo que podía ser investigado de otro modo", lo que ha negado el fiscal, quien ha hecho hincapié en que "las conversaciones telefónicas fueron debidamente interceptadas".

"No hay motivos para pensar que estamos ante una asociación ilícita", ha añadido el letrado, quien ha explicado que "lo que hay es un compartir y una exteriorización por parte de unas personas de la misma ideología entre ellos y para ellos, y no se está incitando ni promoviendo nada".

El fiscal ha destacado que existen pruebas para condenar a los acusados, entre ellas la declaración del dueño de la discoteca "Taj Mahal" de Talamanca del Jarama (Madrid), donde el 12 de febrero de 2005 se celebró un concierto con la asistencia de más de 350 personas ataviadas con indumentaria de ideología nacionalsocialista.

Durante la fiesta, según el propietario del local, se corearon consignas tales como "seis millones de judíos más a la cámara de gas", y tras una inspección al local la Policía encontró defensas extensibles, eléctricas, sprays de defensa personal y navajas.

Por su parte, el letrado de Movimiento contra la Intolerancia ha destacado que las intervenciones telefónicas no fueron una investigación prospectiva, sino que "tuvieron un fundamento claro".