El Gobierno aplica la ley de seguridad interna en Bangkok y siete provincias

Bangkok.- El Gobierno de Tailandia acordó hoy imponer la ley de seguridad interna, que permite declarar el toque de queda, en Bangkok y siete provincias del 11 al 23 de marzo, para prevenir incidentes en las manifestaciones antigubernamentales convocadas.

La medida, completa en la capital y Nonthaburi y parcial en el resto, permite a las autoridades ilegalizar manifestaciones, detener infractores por un periodo de hasta 30 días y sacar el Ejército a la calle, entre otras cosas.

El Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, más conocidos como los "camisetas rojas", seguidores del depuesto primer ministro Thaksin Shinawatra, espera reunir al menos medio millón de personas en Bangkok el día 14, la jornada principal de las manifestaciones que organiza para forzar la dimisión del Gobierno.

El primer ministro tailandés, Abhisit Vejajjiva, ha esgrimido la ley de seguridad interna siempre que lo ha creído oportuno desde las protestas de hace un año, que obligaron a cancelar el mismo día de la inauguración una cumbre de mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China, Corea del Sur y Japón.

Aquellos altercados acabaron con dos muertos y más de 120 heridos, después de que el Gobierno declarase el estado de excepción en la capital y cinco provincia aledañas y sacase el Ejército a la calle.

Tailandia atraviesa una profunda crisis política fruto del pulso que mantienen los seguidores y los detractores de Shinawatra, quien fue depuesto el 19 de septiembre de 2006 en un golpe de estado incruento perpetrado por la cúpula militar.

Shinawatra, en el exilio, fue condenado en 2008 a dos años de cárcel por un delito de corrupción durante sus mandatos (2001-2006).

El mes pasado, el Tribunal Supremo le declaró culpable de abuso de poder, de ocultación de bienes y de causar al Estado pérdidas valoradas en 80.000 millones de bat (2.415 millones de dólares o 1.778 millones de euros).

Además, ordenó confiscar 46.000 millones de bat (1.391 millones de dólares o 1.024 millones de euros) de los 76.622 millones de bat (2.315 millones de dólares o 1.703 millones de euros) del ex mandatario, inmovilizados por el Estado desde que la asonada.